El capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra” en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), acudió esta tarde a la sede de la Fiscalía, acompañado de su abogado, para entregar el dispositivo el que grabó una conversación de 2 horas y 13 minutos con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La reunión, realizada en un conocido chifa de San Borja el 21 de mayo de 2024, generó controversia debido a su contenido y posibles implicancias para la presidenta de la República, Dina Boluarte.
A su llegada, el agente, vestido con una polera negra y portando una mochila azul, evitó brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, su abogado señaló: “Venimos a entregar la grabadora original donde está la conversación del martes 21 de mayo de 2024 que sostuvo mi patrocinado con el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En la grabadora está toda la reunión”, indicó, refiriéndose al equipo que presentarán como prueba ante las autoridades.
El proceso que debe continuar la investigación
Ante la controversia generada, Infobae Perú entrevistó al abogado Carlos Caro, actual representante legal del ministro del Interior, quien explicó las posibles implicaciones legales que podrían derivarse de las grabaciones.
Según el experto, la principal cuestión a dilucidar en este caso es la autenticidad de los audios. Explicó que el material que fue entregado la semana anterior por Izquierdo a la Fiscalía, donde fueron lacrados. En teoría, solo ‘Culebra’ y la Fiscalía tuvieron acceso a esta evidencia. Señaló que el siguiente paso sería la transcripción de los audios bajo supervisión judicial y su posterior evaluación. En este punto, Santiváñez tendría la oportunidad de manifestar si reconoce o no su voz en las grabaciones, pero tal procedimiento depende de la autenticación de las pruebas.
“En teoría, nadie más tenía esos audios, únicamente el señor Junior Izquierdo y la Fiscalía, y me refiero a la Fiscalía de la Nación. Entonces, se va a programar una diligencia en la cual se va a deslave donde estarían los audios almacenados y se procederá a la transcripción de estos. El señor Izquierdo y su defensa no han entregado el original, pero cuando se les ha pedido la fuente, dicen que es una grabadora que está a buen recaudo. Es decir, no le han entregado al Ministerio Público. ¿Qué sucede? El primer paso es la recuperación de la evidencia digital para verificar si es original, si está trucado, editado o recortado. Hay que seguir la cadena de custodia y eso tiene un protocolo establecido por el Ministerio Público”, señaló Carlos Caro.
El experto explicó que la difusión mediática precipitada de estos audios no sigue el cauce habitual de un proceso judicial, lo que podría generar confusiones respecto a su veracidad. Para el abogado, el hecho de que los audios se difundieran casi simultáneamente en diversos medios sugirió una carrera por dar la primicia, en detrimento de una correcta evaluación judicial de las pruebas. Caro recalcó la necesidad de respetar los procedimientos y esperar a que las autoridades verifiquen si los audios están editados o alterados.
“El señor Santibáñez asegura que los audios están manipulados, que son falsos, y no reconoce ni los audios ni su voz. Pero antes de discutir eso, es crucial seguir la cadena de custodia, un paso que aún no se ha cumplido. Lo que realmente necesitamos es que el señor Izquierdo entregue el original para que las autoridades puedan autenticarlo. Solo después de este proceso se podrá proceder con la escucha, la transcripción y la evaluación de las alegaciones como ‘esa no es mi voz’ o ‘ese no fue el contexto’. Este es el camino procesal que debe seguirse”, añadió.
Si se confirma que los audios son genuinos y que la voz del ministro Santiváñez es auténtica, se tendría que analizar el contenido de las grabaciones y evaluar si las declaraciones en cuestión constituyen un delito. En este caso, la imputación inicial sería abuso de autoridad, una vulneración que se define como un acto arbitrario por parte de un funcionario público.
Los supuestos audios entre Santiváñez y ‘Culebra’
Diversos medios de comunicación tuvieron acceso a una parte de estos audios, donde resalta un pedido que, según se dice, fue hecho por la presidenta Dina Boluarte al ministro Santiváñez: el cierre de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). “A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, expresó el titular del Interior en una de las grabaciones presentadas por el capitán Izquierdo. Asimismo, el ministro agregó que durante una entrevista en medios de comunicación, la mandataria le reprochó por no criticar públicamente a Colchado, describiéndolo como un “policía politizado”.
Los audios también revelan que cerrar dicha petición fue la condición que Boluarte le habría planteado a Santiváñez para designarlo como ministro. Esto, de acuerdo a la versión de Izquierdo, fue grabado cinco días después de la juramentación del actual titular del Ministerio del Interior.
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