Hialmar Laynes Sánchez, denunciado por acosar sexualmente a cuatro periodistas, actualmente es un prófugo de la justicia luego de haberse revocado la condena de prisión suspendida que había recibido inicialmente por parte de la jueza Emma Tambini Monge, quien —debido a ello— ahora enfrenta un proceso administrativo disciplinario por presunta “inconducta funcional”.
La resolución, que fue difundida por el medio LP, indicó que se dio inicio a este trámite por una supuesta falta de motivación en sus resoluciones judiciales.
ANC estará a cargo de la investigación
El procedimiento disciplinario contra Tambini será llevado a cabo por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial. Además, se dio a conocer que contemplará la labor desempeñada desde el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina y Cieneguilla.
“Previamente cabe mencionar que la finalidad del proceso administrativo disciplinario de control es comprobar y sancionar las irregularidades que atenten contra la eficacia y correcta prestación del servicio de justicia que brindan las dependencias judiciales de la República, orientado a garantizar la corrección, transparencia y probidad en la gestión y conductas funcionales de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales”, detalló el documento.
Tambini Monge fue duramente criticada por la decisión tomada hace unas semanas, cuando dictó una sentencia de cinco años de prisión suspendida para Laynes Sánchez. La condena se emitió bajo el cargo de desobediencia a la autoridad, ya que el sujeto había incumplido por segunda vez las medidas de protección a favor de la periodista Manuela Camacho.
A estos efectos, la ANC baraja la posibilidad de que la magistrada no haya asegurado una correcta administración de justicia en su función jurisdiccional y que haya omitido debidamente motivar la suspensión de la pena privativa de libertad.
“En su actuación como jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Molina y Cieneguilla, habría incumplido con su deber prescrito en los numerales 1) y 8) del Artículo 34° de la Ley de la Carrera Judicial, que establecen como deberes de los jueces: ‘1) impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso’ y ‘8) atender diligentemente el juzgado a su cargo’”, precisó la resolución a la que tuvo acceso LP.
Carta notarial contra denunciante
Otro de los hechos por los que fue cuestionada se debió a que Tambini envió una carta notarial a la periodista Manuela Camacho, a fin de acusarla de desinformar a la prensa sobre la sentencia judicial que inicialmente dictó.
La magistrada sostuvo que había recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales luego de la difusión de la medida judicial adoptada. La mujer de prensa, por su parte, defendió su derecho a criticar la labor de funcionarios públicos y manifestó que solo expresó su disconformidad con la sentencia emitida, por lo que calificó la reacción de la jueza como desmedida.
En su cuenta de Twitter, la activista expresó su incredulidad frente a la situación: “Increíble. En el país al revés, la jueza que emitió sentencia de prisión suspendida me manda carta notarial alegando afectación a su honra y me acusa”. “Señora jueza, yo no miento, la indignación masiva causada por divulgar la sentencia no es algo que yo pueda manejar”, afirmó.
De esta manera, a pesar de que el Poder Judicial informó a través de sus redes sociales que —en una audiencia a puertas cerradas— se decidió revocar la condena de cinco años de prisión suspendida a efectiva contra el sentenciado Hialmar Laynes Sánchez, cuatro periodistas emitieron un pronunciamiento para rechazar la actuación de las autoridades en su caso, debido a que el sujeto, quien tiene una orden de captura en su contra, aún no ha logrado ser ubicado.
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