Dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron arrestados este miércoles debido a la fuga de Idubis Trujillano Bustamante, un suboficial de la Policía Nacional (PNP) en situación de retiro, condenado a cadena perpetua por violación sexual.
Trujillano se dio a la fuga en la madrugada después de ser trasladado al Hospital Regional de Lambayeque por un cuadro de hemorragia gastrointestinal y síndrome anémico. Los técnicos penitenciarios Iván Silva Rojas y Frank Ortiz Sandoval, encargados de la custodia del reo, fueron detenidos.
Según un reporte de Exitosa, que cita fuentes policiales, el exagente de 38 años estaba hospitalizado desde el 9 de agosto. El INPE confirmó en un comunicado que el escape ocurrió cerca de las 05:30 horas y anunció que las circunstancias están siendo investigadas. La fuga se produjo en medio de una huelga de los trabajadores penitenciarios por mejores condiciones salariales.
La entidad informó a la PNP para iniciar acciones de búsqueda y recaptura, además de comunicar al Ministerio Público con el fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad penal pertinente. La oficina de Asuntos Internos del INPE abrió una investigación para establecer la responsabilidad administrativa y disciplinaria del caso.
Jhony Ureta, gerente regional de Salud del Hospital Regional de Lambayeque, explicó que el personal de seguridad encontró las esposas y grilletes en la camilla, lo que sugiere que alguien ayudó al reo a escapar. Además, mencionó que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad que son obsoletas.
“Un informe dado por personal de seguridad del hospital regional indica que personal de tópico de emergencia no encuentra a un paciente que se supone estaba custodiado por efectivos del INPE, y automáticamente se les informó a su seguridad de este reo”, dijo a la emisora. “Lo raro es que he leído el informe indican que encontraron las esposas encima de la cama, entonces la pregunta es cómo se lo sacó”, cuestionó.
“Nosotros deslindamos todo tipo de responsabilidad por la fuga de estos pacientes, ya que nosotros no estábamos a cargo de su seguridad”, finalizó. Los custodios, que aseguraron haberse quedado dormidos, fueron enviados a la carceleta y permanecerán allí hasta que se realicen las indagaciones pertinentes.
En diciembre de 2022, Trujillano fue sentenciado a cadena perpetua por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por la violación de su hija de 12 años, quien murió con ocho meses de embarazo. No se le atribuyó el delito de parricidio por falta de evidencia. Darwin Santacruz, abogado de la familia materna, señaló a Wayka que aún se buscan pruebas para demostrar que también causó la muerte de la menor.
La necropsia preliminar indicó que la víctima falleció por edema cerebral y congestión multivisceral. El exuniformado, quien vivía con sus tres hijos, no informó a ningún familiar sobre el embarazo ni la muerte de su hija y decidió velarla en la vivienda que alquilaban. Inicialmente, un fiscal desestimó la necropsia, pero la insistencia de los familiares logró que el cuerpo de la niña fuera trasladado a la morgue de Chiclayo. Actualmente, su paradero es desconocido.
Medida de fuerza
En la víspera, el INPE declaró ilegal la huelga de dos organizaciones gremiales: el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE). La medida fue comunicada mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, firmadas por Federico Llaque, jefe de la entidad.
A pesar de que la huelga había sido declarada improcedente por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los trabajadores continuaron con la protesta, que afecta a 68 centros penitenciarios del país con restricciones en las visitas y la entrega de alimentos y medicamentos a los internos. Más de 10 mil trabajadores se han sumado a las marchas, que ya llevan casi dos semanas.
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