Rescate a Petroperú ya supera los US$ 2.200 millones: indecisión no sería de Minem o MEF, sino de Boluarte

La quiebra de Petroperú está a punto de consumarse. El contexto de insostenibilidad de la petrolera peruana se ha incrementado desde que le fue negado un último soporte económico, virtud de una deuda sobredimensionada por la modernización de la refinería de Talara.

El último lunes, el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark, dio un ultimátum al Gobierno peruano para aprobar alguna de las fórmulas diseñadas hace casi tres meses para el rescate de la petrolera estatal. De no ser atendido hasta este sábado 31, el equipo en pleno presentaría su renuncia.

Stark aseguró que han ejecutado todas las medidas que estaban en sus manos, pero todavía faltan las que depende de la firma del Poder Ejecutivo. Cabe recordar que los accionistas de Petroperú son los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, ambos angulares en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, sería precisamente ella quien retrasa la decisión de dotar de una “gerencia privada” a la compañía, debido a los pasivos políticos de la decisión.

“Esto tiene que pasar por varios ministerios, como Minem y MEF, que nos han dado todo el apoyo. Luego pasa por el Ministerio de Justicia y pasa por el premier, para que pase por el gabinete. Ahí es donde no sé sabe qué pasó”, dijo Stark para Canal N.

Fuentes cercanas al directorio de Petroperú confirmaron a Infobae Perú que los ministros se encuentran de manos atadas, debido a que la presidenta Boluarte no toma la decisión de seguir las pautas del nuevo directorio. Sobre todo, “porque antes fue a Piura a ofrecer lotes petroleros, durante el relanzamiento de la refinería”.

Stark confirmó también que el requerimiento de la empresa supera los US$2.200 millones solicitados en mayo. Recordemos que la empresa ha perdido de 51% a 25% su participación de mercado ante Repsol, y mantiene graves problemas de posición de liquidez, capital de trabajo y solvencia.

Aunque el directorio recomienda al Gobierno considerar la quiebra de la estatal, lo cierto es que Petroperú ya estaba quebrada hace mucho tiempo, y solo se ha estado sosteniendo de múltiples soportes económicos a la espera de la decisión política adecuada que le ayude a recuperar las cifras en verde que tuvo hasta hace unos años.

Los trabajos del directorio Stark han dado sus primeros resultados, con un ahorro de casi US$150 millones desde que se asumió la compañía, la salida de unos 100 trabajadores mediante un programa de cese voluntario -la octava parte de la planilla que buscan reducir-, reuniones con ProInversión para la cesión del piso que le alquilan en la sede central de San Isidro, y tratativas con un gestor especializado que se encargaría de la transición de Petroperú al modelo de una empresa privada.

Pero no es suficiente. Otra fuente que siguió de cerca la quiebra inminente de Petroperú dijo para este medio que, de no concretarse un nuevo soporte económico -rechazado tanto por el directorio como por la propia junta de accionistas-, no habrá demasiado margen de maniobra para salvar a la empresa.

“Si recibe un nuevo soporte y su Unidad Flexicoking (FCK) empieza a funcionar en los próximos 2 ó 3 meses, los número le empezarán a cambiar. Eso es lo que buscan evitar los privatizadores, porque saben que la refinería sin deudas y a plena capacidad es sumamente rentable”, agregó.

Cabe precisar que una eventual quiebra de Petroperú no tendría un impacto inmediato sobre el abastecimiento de combustibles en el mercado local. Son procesos que duran algunos años. Pero las deudas tampoco le están permitiendo honrar sus compromisos de pago con sus trabajadores y proveedores para abastecer el mercado.

El gobierno del Perú, como propietario del 100% de Petroperú, enfrenta tres opciones críticas para el futuro de la empresa estatal. La situación se torna compleja debido a los desafíos financieros y organizacionales acumulados. El directorio de Petroperú ha planteado tres posibles escenarios.

Una primera vía sería continuar con la inyección de capital en la empresa sin exigir ninguna transformación estructural o mejora en la eficiencia organizacional. Este camino mantiene el statu quo, pero también perpetúa los problemas que han afectado a Petroperú en el pasado.

Una segunda opción es considerar la quiebra y liquidación de la empresa. Este enfoque enfrentaría varias complicaciones, incluyendo obligaciones financieras y legales. La liquidación podría generar una serie de consecuencias negativas tanto para el sector energético como para la economía nacional, incrementando el impacto social y económico.

La tercera alternativa se centra en una reestructuración profunda y creíble de Petroperú. Este plan implica una renovación significativa de la estructura organizacional, respaldada por una considerable inyección de capital del gobierno. Esta reestructuración buscaría poner en marcha medidas concretas de eficiencia organizacional, a ser implementadas con el apoyo de una firma internacional de renombre en el área.

La estabilización de Petroperú bajo este esquema tendría el objetivo de atraer inversión privada, consolidando así la transformación de la empresa. Sin embargo, este camino conlleva riesgos institucionales. La reestructuración podría verse interrumpida o incluso revertida si no se acompaña de un sólido marco legal que refuerce las acciones a tomar.