Idubis Trujillano Bustamante, un suboficial de la Policía Nacional (PNP) en situación de retiro condenado a cadena perpetua por violación sexual de su hija, se dio a la fuga este miércoles por la madrugada, después de ser trasladado al Hospital Regional de Lambayeque por un cuadro de hemorragia gastrointestinal y síndrome anémico.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un comunicado, confirmó que el escape ocurrió cerca de las 05:30 horas en circunstancias que son investigadas. Trujillano cumplía su condena en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo y su custodia estaba a cargo de personal del INPE, quienes se encuentran en huelga por mejores condiciones salariales. Actualmente, su paradero es desconocido.
Según un reporte de Exitosa, que cita fuentes policiales, el exsuboficial de 38 años estaba hospitalizado desde el pasado 9 de agosto. Los técnicos penitenciarios Iván Silva Rojas y Frank Ortiz Sandoval están detenidos para responder cómo logró escapar del hospital, que cuenta con seguridad estricta en todas sus puertas.
El INPE ha comunicado a la PNP para iniciar acciones de búsqueda y recaptura, además de informar al Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad penal que corresponda. Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos de la entidad abrió una investigación para establecer la responsabilidad administrativa disciplinaria del caso.
En diciembre de 2022, Trujillano fue sentenciado a cadena perpetua por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por violación de su hija de 12 años, quien murió con ocho meses de embarazo. Al exuniformado no se le atribuyó el delito de parricidio por falta de evidencia. Darwin Santacruz, abogado de la familia materna, señaló para Wayka que aún se buscan elementos para demostrar que Trujillano también causó la muerte de la menor.
El resultado preliminar de la necropsia indicó que la víctima falleció por edema cerebral y congestión multivisceral. Trujillano, quien vivía con sus tres hijos, no informó a ningún familiar sobre el embarazo ni la muerte de su hija y decidió velarla en la vivienda que alquilaban. Un fiscal inicialmente desestimó la necropsia, pero la insistencia de los familiares logró que el cuerpo de la niña fuera trasladado a la morgue de Chiclayo.
Medida de fuerza
En la víspera, el INPE declaró ilegal la huelga de dos organizaciones gremiales: el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE). La medida fue comunicada mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, firmadas por Federico Llaque, jefe de la entidad.
A pesar de que la huelga había sido declarada improcedente por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los trabajadores continuaron con la protesta, que afecta a 68 centros penitenciarios del país con restricciones en las visitas y en la entrega de alimentos y medicamentos a los internos. Más de 10 mil trabajadores se han sumado a las marchas, que ya llevan casi dos semanas.
Por su parte, el INPE informó que ha gestionado el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el cual entrará en vigencia en septiembre de 2024 y otorgará prestaciones económicas en casos de incapacidad o fallecimiento por accidentes laborales. Además, se ha gestionado la asignación presupuestal para nuevos procesos en 2025 y se ha tramitado un incremento en la Remuneración Integral Mensual (RIM) de la Ley N°. 29079, actualmente en evaluación por el Poder Ejecutivo.
“El Consejo Nacional Penitenciario continuará realizando gestiones al más alto nivel para concretar mejoras de las condiciones laborales que reivindiquen las justas expectativas del trabajador penitenciario, que dignifiquen y propicien su bienestar y el de sus familias”, se lee en una misiva al respecto.
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