La Comisión de la Verdad y la Reconciliación: lo que se descubrió luego de dos décadas de violencia en el Perú

Uno de los momentos más oscuros de la historia del Perú se vivió entre los años de 1980 y el 2000, en la que la población se vio en medio de un conflicto armado interno que causó muerte y destrucción en varios rincones del país.

Es por esa razón que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú fue creada en un momento crítico de la historia del país, cuando el gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua, tras la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, decidió enfrentar las secuelas de todo lo ocurrido.

Este conflicto, considerado el más largo y devastador en la historia peruana, dejó profundas heridas en la sociedad, y la creación de la CVR respondió a la necesidad imperiosa de esclarecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante esas dos décadas de violencia.

El contexto en el que se gestó la CVR fue sumamente complejo. Tras la dictadura militar que gobernó Perú entre 1968 y 1980, el país inició una transición a la democracia, un proceso que fue violentamente interrumpido por el estallido del conflicto armado.

Con la promulgación del Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, el 4 de junio de 2001, se dio inicio a los trabajos de la Comisión de la Verdad. Su mandato no solo implicaba esclarecer los hechos de violencia ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, sino también proponer mecanismos para la reparación de las víctimas y garantizar que estos eventos no se repitieran.

La CVR debía investigar no solo las acciones de los grupos terroristas, sino también las responsabilidades de los agentes del Estado, cuyos métodos de combate subversivo a menudo resultaron en graves violaciones de derechos humanos.

El informe final de la CVR, presentado en una ceremonia oficial el 28 de agosto de 2003, fue un hito en la historia reciente de Perú. Compuesto por nueve volúmenes, el informe detalló minuciosamente los hechos ocurridos durante el conflicto, identificando aproximadamente 70,000 muertes y desapariciones, así como casos de tortura, desplazamientos forzados y otras violaciones a los derechos fundamentales.

Estas violaciones fueron atribuidas en diversos grados tanto a las organizaciones subversivas como al Estado peruano, lo que generó un amplio debate y controversia en la sociedad peruana.

Sin embargo, estas cifras fueron desafiadas por estudios posteriores. En 2019, un análisis alternativo estimó que el número total de asesinatos durante el conflicto fue de 48,000, significativamente menor que la cifra oficial de la CVR.

Además, este estudio sugirió que la responsabilidad del Estado en los actos de violencia era mayor que la atribuida a Sendero Luminoso, lo que reavivó el debate sobre la interpretación de los hechos y las conclusiones de la Comisión.

La CVR también abordó las causas profundas del conflicto, señalando que factores raciales, culturales y sociales contribuyeron a la violencia.

Esta violencia no se distribuyó de manera equitativa en el país; las zonas rurales, particularmente en los Andes y la Amazonía, sufrieron la mayor parte de las atrocidades, mientras que las principales ciudades, como Lima, permanecieron relativamente aisladas del conflicto.

A lo largo de su existencia, la CVR enfrentó críticas de diversos sectores. Algunos grupos políticos y militares acusaron a la Comisión de tener un sesgo de izquierda, argumentando que su enfoque favorecía una visión crítica del Estado mientras minimizaba los crímenes de los grupos terroristas.

Por otro lado, la implementación de las recomendaciones de la CVR ha sido parcial y, en muchos casos, insuficiente. Aunque se estableció el Plan Integral de Reparaciones para indemnizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, muchos de los cambios estructurales propuestos por la Comisión, como las reformas institucionales y legales, no se han materializado de manera efectiva.

La inclusión del informe final de la CVR en el currículo educativo, una de las recomendaciones clave, ha enfrentado resistencias y su aplicación ha sido irregular.

La memoria del conflicto armado y el trabajo de la CVR siguen siendo temas sensibles y divisivos en la sociedad peruana. A pesar de los desafíos, la Comisión ha dejado un legado importante en la lucha por la verdad y la justicia en Perú.

A nivel internacional, la CVR de Perú ha sido estudiada y valorada como un ejemplo en procesos de búsqueda de la verdad y reconciliación. Otros países que han enfrentado conflictos internos han mirado hacia la experiencia peruana como un modelo para abordar las secuelas de la violencia y la injusticia.

Sin embargo, la experiencia también subraya las dificultades inherentes a estos procesos, donde la búsqueda de la verdad debe equilibrarse con la necesidad de justicia, reparación y, sobre todo, la reconciliación de una sociedad profundamente fragmentada.