La comunidad artística y defensores de derechos humanos están en alerta por la denuncia contra Lola Estrada, actriz y activista peruana acusada por el Ministerio Público de ultrajar los símbolos patrios.
Esta semana, la entidad presentó una demanda contra Estrada, la cual se centra en una performance titulada “Presidenta Asesina”, realizada durante las protestas en los meses de enero y febrero de 2023 contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.
Durante su performance, la activista, a través de su personaje ficticio “Pina Balearte”, simbolizó su rechazo a la violencia y la situación crítica en Perú. Usó la bandera peruana, sobre la cual bailó y pisó, como expresión de su descontento, según detalló la Fiscalía en su denuncia.
La defensa legal de Estrada, a cargo del equipo de abogadas del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, argumentó que la denuncia está basada en fragmentos de reportajes televisivos y periodísticos que, según ellos, criminalizan las movilizaciones sociales sin ofrecer un contexto adecuado.
Resaltaron, además, que no existe intención de cometer un delito penal, ya que la actuación fue una expresión artística legítima en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. “Este caso pone de manifiesto un grave intento de coartar la libertad de expresión desde sectores que buscan silenciar cualquier forma de manifestación crítica contra el gobierno actual”, denunciaron en un comunicado.
Denuncia podría marcar un precedente
Las abogadas sostienen que perseguir a Estrada podría establecer un precedente peligroso para la libertad de expresión en el Perú. Según detallaron, este caso no solo afecta a la artista, sino que también plantea interrogantes sobre los límites del arte y la protesta en el país.
“Sería la primera vez que se sanciona a alguien en el país por este tipo de delito, sentando un precedente que podría limitar la capacidad de los artistas y activistas para expresar sus críticas al gobierno y a la sociedad”, denunció la defensa legal de Estrada.
A través de un comunicado, la defensa insistió en la necesidad de un juicio justo, respetando los derechos constitucionales de Estrada. Argumentan, además, que el arte ha sido históricamente un medio de denuncia social y que criminalizarlo equivale a silenciar voces críticas en defensa de los derechos humanos y la justicia.
Los representantes legales también expresaron su preocupación por la persecución no solo de Lola Estrada, sino también de su personaje ficticio, Pina Balearte, creado para visibilizar las atrocidades cometidas en el contexto de las protestas. Según las abogadas, esto desvía la atención de las acciones del Estado concentrando la represión en aquellos que alzan la voz.
“Lo que resulta aún más alarmante es que no solo se persigue a la artista, sino que también se criminaliza a un personaje ficticio creado por Estrada para visibilizar los crímenes cometidos por el gobierno peruano durante las protestas. Mientras la justicia se enfoca en censurar expresiones artísticas, los verdaderos responsables de las 49 muertes ocurridas durante las manifestaciones permanecen impunes”, señala el escrito.
Además, la comunidad artística y defensores de derechos humanos, tanto en el Perú como en el extranjero, han manifestado su inquietud por este ataque a la libertad de expresión, llamando a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a no permitir que el caso pase desapercibido.
“La comunidad artística y los defensores de los derechos humanos en Perú y a nivel internacional hacen un llamado a los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, y a la sociedad civil a mantenerse alerta y a apoyar a Lola Estrada en su lucha por la justicia. La persecución de artistas y activistas por sus expresiones de disidencia es inaceptable en una sociedad democrática”, culmina el comunicado.