Crisis en Loreto por carretera que promueve MTC sin consulta previa sobre la frontera con Colombia

El proyecto vial Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, que conecta Iquitos hasta la frontera con Colombia, bajo la dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), enfrenta serias controversias debido a la oposición de las comunidades indígenas locales, las cuales sindican la posible instalación de una “puerta al narcotráfico y la minería ilegal de oro” por la falta de consulta previa en la zona.

Este proyecto está divido en cuatro tramos, de los cuales el primero ya está construido y el segundo se encuentra en la fase de elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería. Desde el inicio de las obras hace siete años, aún no se ha realizado la consulta a las comunidades afectadas.

Las organizaciones indígenas han expresado reiteradamente su preocupación porque el 60% del Tramo IV de este proyecto de más de 180 km se superpone a áreas protegidas, entre ellas, el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y el ACR Ampiyacu Apayacu. Estos lugares no solo son vitales para la biodiversidad, sino también para la vida y cultura de los pueblos indígenas que allí habitan. La falta de consulta previa, un requisito legal en Perú para proyectos que impactan a comunidades indígenas, ha sido un punto de constante discordia.

El MTC ha argumentado en diversas ocasiones que el proyecto es crucial para el desarrollo y conectividad de la región, mejorando el acceso y promoviendo el comercio y el turismo. Sin embargo, los líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado estos beneficios, señalando el alto costo ambiental y social que implica el avance de la carretera sin los debidos procesos participativos y de consulta.

El proyecto Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho tiene casi 10 años de conocerse, y su Estudio de factibilidad fue aprobado en 2014. Estamos hablando de una vía que, originalmente, tenía una salida de Iquitos y un final en la localidad de El Estrecho de Barrio Putumayo, sobre la frontera con Colombia.

Luego de aprobar este estudio, el Estado dividió la carretera en cuatro tramos. El primero fue el que correspondía al Puente Bellavista, cuya construcción ya concluyó en una zona más urbana y con escasa presencia de comunidades indígenas, por lo que no se hizo consulta previa.

El problema aparece con el segundo tramo, el segundo en extensión más largo del proyecto y que parte desde Santo Tomás hasta Mazán, donde se encuentran 17 comunidades identificadas como pueblos indígenas ante el Ministerio de Cultura. De estas 17, solo se han realizado coordinaciones sobre lo que sería una consulta previa con la comunidad de Centro Arenal, del pueblo Huitoto Murui Buee,.

“Con las demás, el MTC ha estado llevando información confusa y ofreciendo que participen en un proceso de participación ciudadana, únicamente”, informó Diego Saavedra, líder de Proyectos en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Apu José Murayari, vicepresidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Orien (Orpio), señala que las comunidades no buscan entorpecer las labores de conectividad del Gobierno peruano, pero tampoco esperan ser ignoradas con un proyecto transversal a su único sustento de vida.

“En el segundo tramo hay varias comunidades en la zona de influencia. Ni MTC ni Provías han considerado consultar con las comunidades en el proyecto, solo están haciendo reuniones con la comunidad de Centro Arenal”, denuncia el dirigente.

Al día de hoy, el Tramo 2 de la vía Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho tiene un contrato para el Estudio definitivo, y como parte de ese estudio se diseñará un Estudio de impacto ambiental (EIA) detallado, un Estudio de ingeniería y un Estudio de Arqueología.

“Hasta la fecha no sabemos cuál será el impacto que generará el segundo tramo. Como es de interés nacional, no quieren consulta previa ni que seamos bien informados. Desde la organización estamos poniendo esa queja, se necesita un paquete implementado si se quiere un proyecto binacional”, asegura Murayari.

El plazo inicial de este contrato vence a finales de enero 2025, por lo que los lugareños “están a cuatro a cinco meses de que, en teoría, se cuenten con estos instrumentos, pero en este lapso no se ha compartido información a profundidad sobre el impacto que la vía tendrá”. En su lugar, refiere, han encontrado presión por parte de las autoridades regionales de Loreto.

El problema no termina ahí. Centro Arenal es la comunidad que más ha declarado problemas de superposición de derechos territoriales. Los residentes tienen título comunal sobre su zona, pero han sido afectados por autoridades regionales que, según denuncia DAR, han entregado títulos de posesión a terceros de manera individual e irregular.

También se ha detectado un incremento de los cultivos ilegales de coca en la zona. De por sí, la cuenca de Nanay -una zona con minería ilegal de oro y dragas- se encuentra cerca de la zona de influencia. El temor de las comunidades es que una carretera sin condiciones ni análisis de EIA “puede terminar siendo una puerta abierta para incrementar aun más las actividades ilícitas”. Ello, pese a que el Estudio de factibilidad incluye a los cuatro tramos de forma integral.

“Y en el tramo IV existen áreas de conservación protegidas y creadas por el propio Gobierno Regional. Pero, como han partido la carretera en cuatro tramos, no quieren compartir la información sobre los tramos 3 y 4, y solo están discutiendo la pertinencia del tramo 2, lo cual deja fuera de la discusión a las comunidades ancestrales”, añade el vocero.

El 11 de julio, Orpio presentó una petición formal de consulta previa a nombre de los pueblos indígenas afectados por la construcción de una carretera. A pesar de haber transcurrido casi dos meses, el MTC no ha brindado ninguna respuesta. Ahora han llegado a Lima a tocarle la puerta.

“Queremos hacer un llamado al Estado para que sinceren lo que quieren hacer, con el riesgo de lo que se pueda sacar hacia Colombia. La carretera no nos está trayendo desarrollo, pues solo se están abriendo puertas para cárteles de droga y guerrillas. Traer plátano desde el Putumayo para vender a S/6 ó S/10 en Iquitos no es desarrollo para los pueblos indígenas”, zanja el Apu Murayari.