Vehículos de la PNP valorizados en 2 millones de soles no son devueltos por los oficiales luego de retirarse de la institución

La Contraloría General de la República advirtió que 119 oficiales retirados no han devuelto vehículos de seguridad del Estado, que están valorizados en cerca de S/ 2 millones, en base a un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la PNP

En noviembre de 2023, se enviaron cartas notariales a 78 de estos oficiales para que devolvieran los vehículos en un plazo de 72 horas, pero solo 35 fueron notificados y de estos, 35 han fallecido sin que sus familiares retornen los vehículos.

De acuerdo a la normativa interna, los oficiales deben devolver los vehículos en buen estado dentro de los siete días calendario tras pasar al retiro. También pueden optar por comprarlos en un plazo de 30 días, manifestando su voluntad por escrito. Sin embargo, en los últimos diez años, los retirados no han cumplido con estas disposiciones.

El OCI de la PNP ha comunicado los resultados de sus informes al comandante general de la PNP, instando a la entidad a tomar medidas para mitigar los riesgos identificados. Hasta la fecha del informe, no se ha recibido respuesta oficial.

Más de 300 oficiales retirados de la Policía Nacional del Perú (PNP) no han devuelto las armas de fuego y el equipo policial asignado por el Estado durante su servicio, según alertó un informe de la Contraloría General de la República. Esta situación pone en riesgo el destino y posesión final de los artefactos que son propiedad del Estado.

Entre las armas no devueltas se encuentran 91 pistolas Sig Sauer, 76 Pietro Beretta, 43 Star y 31 revólveres Smith Wesson. Además, faltan 71 grilletes Smith Wesson y otros equipos, según se documenta en el Informe de Visita de Control N° 048-2024-OCI/3792-SVC.

La directiva interna establece que las armas deben ser restituidas en un máximo de 60 días calendario tras la notificación del retiro, un plazo que no se ha respetado en muchos casos.

Este año, 40 exoficiales que pasaron a retiro aún conservan en su poder armas y equipos del Estado. A ellos se suman 204 exoficiales que dejaron la institución entre 2015 y 2019 y aún no han devuelto los bienes asignados. Entre ellos, cinco oficiales ya fallecieron.

La comisión de control reveló que la PNP no ha notificado ni denunciado a los exoficiales que retienen estos bienes, incumpliendo la Directiva N° 04-09-2018-DIRGEN-PNP/DIVLOG-B. La falta de personal ha sido un obstáculo para la notificación, y en abril de 2024 se consideró contratar a una notaría para este fin, sin resultados concretos hasta el 22 de julio de 2024.

Según la información de la Contraloría, el Departamento de Administración de Armamento, Municiones y Explosivos de la PNP no dispone de un sistema informático que permita llevar un control eficaz sobre el ingreso y salida de armas de fuego y equipo policial, impactando negativamente la capacidad de seguimiento y control de este armamento asignado.

Desde abril de 2023, 314 oficiales retirados no han devuelto las armas de fuego que tenían asignadas para su servicio mientras se encontraban en actividad. Esta omisión, combinada con la falta de notificación oficial por parte del DEPAAME, genera incertidumbre sobre la localización y posesión final de estas armas. La ausencia de notificaciones para estos oficiales crea un vacío en el proceso de recuperación del armamento, un aspecto crítico para la seguridad pública.

El DEPAAME enfrenta serias limitaciones debido a la carencia de un sistema informático centralizado. Un sistema de este tipo permitiría una coordinación más efectiva y una conexión con otras áreas implicadas en el proceso de gestión de armamento. La digitalización del registro y control es una necesidad para mejorar la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos de propiedad del Estado.

Otro factor importante es la carencia de interconexión con otras entidades y divisiones de la Policía Nacional del Perú, lo que obstaculiza el rastreo y seguimiento preciso de las armas asignadas. Esta situación plantea riesgos potenciales en cuanto a la seguridad y control del armamento que, de no ser gestionados adecuadamente, podrían derivar en incidentes de pérdida o mal uso de estas armas.