Más de 100 organizaciones en defensa de los derechos de la diversidad sexual y de las personas que viven con VIH en el país han firmado un comunicado conjunto para exigir que el Ministerio de Salud revierta la modificación de los esquemas de terapia antirretroviral, una medida que consideran desfavorable y contraria al protocolo vigente desde 2020.
Según el pronunciamiento difundido este martes, el cambio afecta a 101 mil personas que se encuentran en tratamiento, especialmente aquellas en terapia de primera línea con la combinación de dosis fija de tenofovir, lamivudina y dolutegravir (TLD). Este cambio las expone a efectos adversos, perjudica la adherencia y genera resistencia al tratamiento.
A inicios de agosto, la cartera presidida por el ministro César Vásquez emitió una misiva a todas las direcciones de salud del país para instarles a seguir abasteciendo medicamentos y ofrecer alternativas de tratamiento según el stock disponible. La decisión ha generado la exigencia, por parte de las organizaciones firmantes, de redistribuir los medicamentos de establecimientos con sobre stock hacia los desabastecidos, generar adendas a los contratos para garantizar la entrega oportuna de medicamentos para 2024, y la convocatoria a la compra anual de antirretrovirales para 2025.
También solicitaron la creación de un “sistema interoperable que permita una estimación realista del número de tratamientos necesarios”. Los colectivos responsabilizaron al Vásquez, al director de la estrategia de prevención de VIH, Carlos Benites, y al director del Cenares, Juan Castillo Díaz, por poner en peligro la vida y salud de las personas con VIH y las poblaciones clave. Además, demandaron el respeto irrestricto de la calidad de protección de las personas con VIH, reconocida por el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis de desabastecimiento incluye productos necesarios como hormonas para mujeres trans, sucedáneos lácteos para niños expuestos al VIH, y reactivos para carga viral y CD4. “La falta de infraestructura de salud en comunidades rurales y la centralización de servicios agravan la situación de los usuarios con VIH en zonas andinas”, mencionaron.
De igual modo, exigieron que el Estado declare en emergencia el abastecimiento de medicamentos y reestructure el sistema de salud. Para esta tarde está previsto un plantón en el frontir del Minsa. Entre enero y julio de este año, el Grupo Impulsor de Vigilancia (GIVAR) recibió 155 denuncias, 118 por la falta de antirretrovirales y cuatro por la falta de sucedáneos lácteos, revelando una situación crítica en los hospitales del Minsa y EsSalud.
Para la vocera de GIVAR, Julia Campos, es “una arbitrariedad que se cambie los medicamentos cuando existe desabastecimiento”, ya que “genera un perjuicio a la salud del usuario y termina distorsionando la misma programación de las compras a futuro, pues esta suelen basarse en los históricos”, señaló.
“Si siguen actuando bajo el principio de ‘si no hay uno, te cambio por otro’, terminan distorsionando el histórico de uso y por ende la programación”, dijo, por su parte, Pablo Anamaría, representante alterno de las personas con VIH ante la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (Conamusa).
Según la Sala Situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, este año se han reportado 789 nuevos casos de VIH en mujeres y 2,562 en hombres. Entre los menores de 0 a 4 años, se han registrado 24 casos, 13 en hombres y 11 en mujeres.
En el grupo de 5 a 9 años, se reportaron 8 casos, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres. En menores de 10 a 14 años, se han documentado 16 casos, con 9 hombres y 7 mujeres afectados. El grupo de 15 a 19 años presenta una cifra alarmante con 349 casos, de los cuales 246 son hombres y 103 mujeres.
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