Carlos Bruce: alcalde de Surco contrajo matrimonio en Madrid: “El amor nunca hace daño, el odio sí”

El excongresista y exministro de Vivienda, conocido por ser el primer político abiertamente gay del país, anunció su matrimonio a través de sus plataformas sociales. “Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura”, expresó

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Carlos Bruce, alcalde de Surco,
Carlos Bruce, alcalde de Surco, junto a su esposo el día de su matrimonio. Foto: @TechitoBruce/X

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se casó este lunes en Madrid, capital de uno de los países con mayor número de población adulta que se declara LGTBI a nivel mundial y donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2005.

“El día de ayer, Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en una sencilla reunión, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos”, anunció el político en sus plataformas oficiales. “Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura con alguien a quien quiero tanto. El amor nunca hace daño, el odio sí”, continuó.

Bruce, excongresista y exministro durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, hizo pública su homosexualidad en 2014 durante una entrevista con el diario El Comercio. “Sí, soy gay y estoy orgulloso de pertenecer a ese grupo de personas que son tan valiosas para el Perú”, dijo entonces, mientras impulsaba ante el Congreso un proyecto de ley sobre unión civil.

Aunque inicialmente la propuesta acarreó críticas, él las respondió con firmeza. “No me molesta que me digan gay. Los ataques no son motivos para que congresistas que creemos que esto es una causa justa nos inhibamos de presentar el proyecto de ley solo porque vamos a pasar un mal rato. Mal rato es lo que pasa un millón y medio de peruanos que tienen que vivir con su pareja casi en la clandestinidad, como si estuvieran haciendo algo indebido”, expresó.

La presidenta Dina Boluarte y
La presidenta Dina Boluarte y el alcalde de Surco, Carlos Bruce, participaron del evento inaugural - crédito Carlos Días

Incluso el cardenal Juan Luis Cipriani, quien presentó su renuncia al cargo como arzobispo de Lima, se mostró en desacuerdo con el proyecto, al alegar que “el que quiera tener una relación tiene el derecho civil para que haga su contrato, pero no hace falta realizar una caricatura de matrimonio para luego destrozarlo. No me parece que hayamos nombrado a congresistas para manifestar su propia opción”, agregó.

En el Perú, donde aún hay negación del derecho a la identidad de género y al matrimonio igualitario, solo el 21% de los peruanos aprueba que se casen las personas del mismo sexo, según el último informe del Barómetro de las Américas. Con la excepción de Uruguay, Chile y Argentina, todas las naciones de América Latina y el Caribe que fueron encuestadas tienen menos de la mitad de sus poblaciones a favor de esta medida.
Personas participan en la marcha
Personas participan en la marcha del orgullo LGBTIQA+ por la diversidad en Lima, en junio de 2024. Reuters/Angela Ponce

No obstante, la cantidad de peruanos que apoyan este derecho de la comunidad LGTBIQ ha aumentado en los últimos años hasta alcanzar su nivel más alto en 2023. A inicios de ese año, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso archivó otra iniciativa legislativa que buscaba el reconocimiento de la protección jurídica para parejas homoafectivas bajo la figura del matrimonio. En tanto, otro proyecto sobre unión civil de personas del mismo sexo, presentado por Alejandro Cavero (Avanza País), no pasó al archivo y continuará en análisis.

Según Amnistía Internacional, las familias LGTBI+ se encuentran en una situación de desprotección, pues el Estado peruano no reconoce los derechos derivados del vínculo que han decidido formar, tales como derechos sucesorios, derechos de alimentos o el reconocimiento de su copaternidad o comaternidad respecto a sus hijos.

Para la organización, esta negativa viola el derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y el de formar una familia. Además, la comunidad trans no cuenta con un DNI acorde a su identidad de género, una situación que les limita el acceso a derechos como salud, trabajo y educación, y los condena a vivir en la precariedad.

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