Audiencia a Nicanor Boluarte: suspenden para el 30 de agosto la sesión de prisión preventiva para el hermano de presidenta

El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros involucrados del caso Los Waykis en la Sombra para el viernes 30 de agosto.

El representante del Ministerio Público explicó que están solicitando control difuso y convencional sobre la Ley 32108, porque no solo se estaría perjudicando derechos constitucionales, “sino que también se estaría afectando normas internacionales, con la aplicación de esta norma”.

También aclaró que si bien el control de convencionalidad no está debidamente reglamentado en una norma, sus parámetros se pueden ver en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El abogado de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Guillermo Chanjan Gio, aseguró que el Ministerio Público debió explicar en qué forma la Ley 32108, aprobada por el Congreso y que dificulta la lucha contra el crimen, se contrapone a las normas internacionales, como la Convención de Palermo.

“Tuvo que el señor fiscal desarrollar punto por punto, artículo por artículo, qué es lo que coaliciona”, mencionó. Chanjan Gio.

“Lo que ha hecho mención el representante del Ministerio Público ha sido por la formación de un partido político”, señaló, en referencia a que en este no aplicaría la Convención de Palermo.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, presentó esta mañana un recurso de control difuso ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Este recurso legal busca evitar la aplicación de la Ley 32108 en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, que involucra a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de la República.

A inicios de agosto de este año, el Congreso del Perú promulgó la ley de crimen organizado tras no haber recibido observaciones del Poder Ejecutivo.

En este caso, la normativa cambia la definición de organización criminal y específica que esta debe ser un grupo con “estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa,”. Además, tiene que ser integrado por tres o más personas que, coordinadamente, cometen delitos con penas superiores a seis años de cárcel.

Debido a esta definición, especialistas han alertado sobre sus posibles consecuencias en la lucha contra la delincuencia en el país.

Carlos Alvizuri, abogado de Jorge Ortiz Marreros, se mostró en contra del control difuso que propone el Ministerio Público y pidió que no se considere.

“Los derechos fundamentos es en inversa para este caso. El derecho fundamental que iene mi patrocinado es un derecho a la libertad, a un debido proceso y que la investigación sea clara y precisa, no para que esté en la cárcel, no para que esté en prisión”, mencionó.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, aseveró que el Ministerio Público no puede solicitar un control de convencionalidad y que este pedido sería además de corte político.

“La Fiscalía no puede descalificar la vigencia de una norma porque opina que los congresistas son criminales, son delincuentes o son investigados. Ese no es un argumento. Nos guste o no, el Congreso es un poder legítimo que nos representa a todos”, indicó.

Aseguró, además, que la promulgación de la Ley 32108 del Congreso, que dificulta la lucha contra diversos delitos, según expertos, siguió su curso legal.

Más de 20 minutos tarde se retomó la audiencia de prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros involucrados en el caso Los Waykis en la Sombra.

De acuerdo a la declaración de su amigo de la infiancia, Víctor Torres, las personas designadas con la venia de Nicanor Boluarte son las siguientes:

• Silvia Mariano (Junín)
• Grettel Pino (Cusco)
• Peggi Arias (Ica)
• Edwin Carpio (Apurímac)
• Noriel Chingay (Cajamarca)
• Armando Villalobos (San Martín)
• Carlos Saenz (Lima)
• Daniela Canta (Puente Piedra)
• Polo (Carabayllo)
• Diana Quispe (Independencia)
• Cori (Breña)
• Blanca Burga (Rimac)
• Olinda Salazar (Lurigancho Chosica)
• Leoncio Paz (Chaclacayo)
• Marina Chavez (ATE)
• Evelyn Thorne (Callao)
• Richard Melendrez (Ventanilla)
• Travezaño (Junín)
• Milton Lluque (Villa El Salvador)
• Michael (San Juan de Miraflores)
• Angela Ramirez (San Miguel)
• Nataly Ato (Agustino)
• Bazán Bedoya Eladio (Jesús María)
• Graciela Chagua (Villa María del Triunfo)
• Gilmer Sardon (Puno)
• Carlos Ortiz (La Victoria).

Durante la audiencia se conoció que el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, denunció al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como agente ‘Culebra’, ante la Inspectoría de la Policía por mencionar que el ministro Juan José Santiváñez sería el abogado en la sombra de Nicanor.

Teodoro Berru, exconsejero espiritual de la presidenta Dina Boluarte, entregó audios a la Fiscalía donde se sugiere que existe una red de sobornos para nombrar a prefectos y subprefectos.

En las grabaciones, se escucha cómo Berru y Víctor Torres, amigo cercano de la familia Boluarte y actual colaborador eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), mantuvieron conversaciones en el Club Apurímac los días 25 y 27 de enero de 2023.

La labor de Torres supuestamente consistía en entregar los nombres seleccionados a Jorge Ortiz Marreros, entonces director general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

En una de las grabaciones, se detalla el alcance de los sobornos: “El ‘pata’ (quien sería Ortiz Marreros) ha querido negociar en Cajamarca... ya hicimos un cálculo más o menos de 700.000 soles de oro de coima en Cajamarca. Un prefecto valía 8,000, un subprefecto valía 5,000 y un buen distrito valía 2,000. Si tú sumas Cajamarca te va a salir esa cantidad de plata”.

Nicanor Boluarte habría tenido un papel preponderante en dicha estructura de tráfico de influencias, ya que habría indicado directamente a Ortiz Marreros las personas a nombrar en los puestos clave.