Abogado del ministro del Interior “no niega, ni afirma” la veracidad de los audios entregados por ‘Culebra’ a la Fiscalía

El abogado Carlos Caro sostiene que el Ministerio Público debe analizar la grabación completa de la conversación entre el ministro Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo para determinar si la voz realmente es la de su patrocinado. Defensa legal del ministro tendrá un costo de 120 mil soles

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Carlos Caro, quien asume la defensa legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no negó ni afirmó que los audios atribuidos a su patrocinado fuesen verdaderos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
Carlos Caro, quien asume la defensa legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no negó ni afirmó que los audios atribuidos a su patrocinado fuesen verdaderos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

En medio de una investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad, el ministro del Interior, designó como su defensa legal al abogado Carlos Caro, quien se pronunció en una entrevista reciente sobre los audios difundidos por el capitán PNP Junior Izquierdo -conocido como ‘Culebra’- en los que se escucha una conversación que sostuvo con el ministro Juan José Santiváñez.

Durante una entrevista en Canal N, el defensor del ministro argumentó que aceptó el encargo porque “Es un caso super interesante porque más allá de los hechos y de todas las cuestiones políticas paralelas, hay un tema propio que está venido a menos, que es la evidencia digital”.

En ese sentido, Caro sostuvo que el Ministerio Público debe asegurar la trazabilidad de la evidencia digital (los audios difundidos).

“Lo que tenemos que hacer es ir a la evidencia digital. El Ministerio Público tiene un protocolo de evidencia digital. Estamos acostumbrados a filtrar audios, videos, whatsapps, imágenes... y este es un tema que en el mundo moderno, donde todos dejamos trazabilidad digital en todo, se guía por una serie de elementos propios de lo que se llama la cadena de custodia digital”
El audio revelaría que la propia presidenta Dina Boluarte le pidió al titular del Mininter que cierre la Diviac. | Infobae Perú

Al ser consultado por la veracidad de los audios, Caro afirmó que “no niego ni afirmo el audio porque lo que tenemos que hacer es ir a la fuente (...) ¿dónde está el celular? El único lugar donde puede ser analizado el celular en mención es la Fiscalía de la Nación

Por otro lado, el abogado de Santiváñez indicó que los archivos entregados en un USB al Ministerio Público eran “cinco retazos, no un audio completo” que deberán pasar por una diligencia de escucha y transcripción. “Esa misma noche el abogado salió a los medios de comunicación diciendo de qué trataban”, aseguró.

Abogado del ministro Santiváñez cobrará 120 mil soles del dinero público

El Estudio Caro y Asociados será el encargado de asumir la defensa legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La noticia fue confirmada el pasado 14 de agosto, cuando el Ministerio del Interior aprobó la adjudicación directa para contratar una “persona jurídica” que brinde servicios especializados en defensa y asesoría legal, requerida por el ministro en la investigación penal que se sigue en su contra.

La decisión fue tomada luego de que, a principios de mes, la Fiscalía de la Nación abriera un proceso por abuso de autoridad contra el titular del Mininter.

Para la defensa del ministerio, se abrió una convocatoria pública en la cual se presentó un único postor: DCC Consultores S.A.C, el Estudio Caro y Asociados, que resultó seleccionado para el cargo. Según el contrato firmado, el monto total de honorarios asciende a S/ 120 mil, divididos en dos partes: S/ 60 mil por concepto de honorarios fijos y otros S/ 60 mil como comisión de éxito, en caso de obtener un resultado favorable para su cliente.

La defensa del ministro se hará en el marco de la Carpeta Fiscal N° 101-2024-IN-RSG, que instruye a poner en marcha diligencias preliminares durante un plazo de 120 días. La investigación está a cargo del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, bajo la presunción de que el ministro incurrió en delitos de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

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