Reforma del Sistema de Pensiones plantea afiliación obligatoria a los 18 años: ¿cómo afectará a los nuevos trabajadores?

El pasado jueves 22 de agosto, el Pleno del Congreso de la República ratificó la reforma previsional aprobada con tan solo 38 votos a favor en junio pasado. Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta incluye a los jóvenes de 18 años que recién se introducen al mercado laboral, quienes pasarán directamente al sistema público -administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)- si no se decantan a tiempo por el privado.

¿De qué se trata? Según el dictamen, que acumula los proyectos de ley 344/2021-CR, 5121/2021-CR, 866/2021-CR, entre otros, los jóvenes que cumplan la mayoría de edad deberán elegir, obligatoriamente, si se afilian al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), a efectos de acumular un fondo que le sirva durante su vejez.

Sin embargo, si el joven que acaba de cumplir los 18 años no elige ninguno de los dos sistemas al entrar en vigencia la nueva ley -que aún podría ser observada por el Poder Ejecutivo-, pasará directamente al SNP.

Es decir, pasarán a formar parte de una bolsa en la que los jóvenes aportan para sostener las pensiones de los jubilados, a diferencia del sistema privado, en el que una empresa administra los fondos de manera individual y los devuelve con un margen de interés.

Diferente suerte correrán las personas que ya cumplieron 18 años, pero que en este momento no están ni en el SPP ni en el SNP: ellos sí pasarán directamente al sistema privado -en el que ahora también competirán bancos, cajas municipales y fondos de inversión, entre otros-, en caso no manifiesten su voluntad. ¿Qué pasará con los fondos de estos jóvenes?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuestionó en su momento el ingreso de estos jóvenes indecisos de 18 años al sistema público, por considerar que se afectará el rendimiento futuro de sus pensiones.

Para la SBS, afiliarse por ‘default’, es decir, de manera automática, al sistema de reparto ONP, ejercerá una presión innecesaria sobre las cuentas debido a un “desfinanciamiento estructural por la menor tasa de crecimiento de la población”: cada vez las personas en el mundo tienen menos hijos, y por ello los estados terminan subsidiando las pensiones de los jubilados.

La SBS también manifiesta que 18 años es una edad en que los jóvenes, generalmente, no son todavía trabajadores activos. La indecisión sería la agravante más común en este sector de la población, que acabaría en la bolsa pública, incluso movido por el desinterés propio de su juventud.

“En materia de afiliación automática en los sistemas de pensiones, el mundo transita hacia esquemas con cuentas individuales de capitalización y no hacia un esquema de reparto”, advierte el regulador.

No solo eso, pues la SBS también considera que la asignación por ‘default’ obliga a un mayor costo comercial de las AFP o empresas del sector privado para captar ahorristas, con lo cual la licitación de nuevas cuentas se hace menos “robusta”. En otras palabras, mientras las AFP tendrán que competir para captar afiliados, la ONP solo tendrá que esperar la indecisión de los jóvenes de 18 años, según la institución. Una consecuencia que desvirtúa los objetivos de la reforma.

La SBS advierte que parte de los nuevos afiliados no recibirán una pensión proporcional si no han aportado, al menos, 10 años al sistema público, el cual continuará en manos de la ONP. Los abonos de este grupo serán trasladados para quienes sí cumplan los plazos mínimos de la bolsa de reparto.

Julio Villavicencio, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se pliega a las críticas de la SBS y explica que, por su construcción, una persona de sueldo promedio tendrá una pensión menor en el SNP frente al SPP. Además, el joven de 18 años quedará impedido, a muy temprana edad, de acumular un fondo que en el futuro pueda retirar de manera extraordinaria.

“Es decir, si te mueres, te mueres. Como ocurrió con la pandemia del COVID-19. Ahora, la nueva ley también ha puesto candados para el retiro del sistema privado, pero sabemos que eso se puede cambiar con un Congreso con el mismo nivel de descaro que este. Pero los que estén en ONP no tendrán de dónde retirar”, aseguró.

En opinión del especialista, el Gobierno peruano busca compensar el déficit de jóvenes afiliados en el sistema público, a fin de no seguir subsidiando la bolsa de reparto, pero a costa de “pensiones más bajas” para los ciudadanos que recién inician su vida laboral.

Noelia Bernal, docente e investigadora de la Universidad del Pacífico, tiene una visión yuxtapuesta. La docente refiere que, según la evidencia, los países que alguna vez reformaron sus sistemas introduciendo con fondos privados de pensiones han dado marcha atrás, sea reduciendo su participación o estatizándola, como Argentina y Colombia en la región.

“Hoy en Chile se está discutiendo poner más dinero en el sistema colectivo. Luego de que los países hicieron reformas con Cuentas de Capitalización Individual (CCI), nos damos cuenta de que el sistema solo es bueno para los trabajadores de altos ingresos, con puestos muy estables y que aportan el 100% de su vida laboral”, explica.

Bernal señala que esta no es la realidad del Perú, donde existe un modelo de “bajos salarios, alta rotación de la formalidad a la informalidad, trabajo independiente y alta población rural”, entre otros.

“Con esas características, un sistema privado no es la mejor opción aquí. Yo quisiera que lo fuera, que Perú tenga la fuerza laboral de Finlandia, pero eso no pasará en mucho tiempo”, declaró para Infobae Perú.

“Esa plata es bastante mayor de lo que tú te financiarías con la AFP [tomando como referencia el sistema privado que está por ser reformado por el Congreso]”, concluyó Bernal.

Las personas de 18 años que se afilian al SPP, se sujetan a la licitación del servicio de administración de cuentas individuales de capitalización estipulado en el artículo 7-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N’* 054-97-EF.