Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contrató abogados por S/ 120 mil: servicios serán pagados por todos los peruanos

El Estudio Caro y Asociados será el encargado de asumir la defensa legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La noticia fue confirmada el pasado 14 de agosto, cuando el Ministerio del Interior aprobó la adjudicación directa para contratar una “persona jurídica” que brinde servicios especializados en defensa y asesoría legal, requerida por el ministro en la investigación penal que se sigue en su contra. La decisión fue tomada luego de que, a principios de mes, la Fiscalía de la Nación abriera un proceso por abuso de autoridad contra el titular del Mininter.

La defensa legal del ministro se centra en una acusación relacionada con el presunto uso indebido de su cargo para iniciar una investigación interna dentro de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Esta acción fue dirigida contra el capitán de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Junior Izquierdo, quien supuestamente había hecho públicos unos audios que involucran a Santiváñez en un caso de abuso de poder.

Para la defensa del ministerio, se abrió una convocatoria pública en la cual se presentó un único postor: DCC Consultores S.A.C, el Estudio Caro y Asociados, que resultó seleccionado para el cargo. Según el contrato firmado, el monto total de honorarios asciende a S/ 120 mil, divididos en dos partes: S/ 60 mil por concepto de honorarios fijos y otros S/ 60 mil como comisión de éxito, en caso de obtener un resultado favorable para su cliente.

La defensa del ministro se hará en el marco de la Carpeta Fiscal N° 101-2024-IN-RSG, que instruye a poner en marcha diligencias preliminares durante un plazo de 120 días. La investigación está a cargo del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, bajo la presunción de que el ministro incurrió en delitos de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

La acusación contra Santiváñez surge luego de que un audio, cuya autenticidad el ministro niega, lo vinculara con una conversación en la que presuntamente solicitaba a un agente de la Diviac, identificado como Junior Izquierdo, que controlara al periodista Marco Sifuentes, conductor de “La Encerrona”. Según el audio, el titular de la cartera habría pedido a al capitán que ejerciera presión sobre el comunicador debido a sus críticas a la gestión del ministro.

La contratación del Estudio Caro y Asociados se realizó a través del proceso de contratación directa N°007-2024-IN-OGAF-OAB, en el que se solicitó la participación de firmas legales con experiencia en defensa penal. El buffet de abogados cumplió con todos los requisitos legales establecidos en los términos de referencia del procedimiento, incluyendo su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y la acreditación de más de diez años de experiencia en el ámbito penal.

Entre las condiciones requeridas para el abogado principal se especificaba la necesidad de contar con un título de abogado, colegiatura habilitada y un historial profesional que incluyera la defensa o asesoría en casos penales de alto perfil. DCC Consultores presentó la documentación correspondiente, acreditando la experiencia necesaria para asumir la representación del ministro en este caso.

El informe N° 001345-2024-IN-QGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, determinó que la solicitud de Santiváñez cumplía con los requisitos de admisibilidad y procedencia. Por tanto, se autorizó la defensa y asesoría legal a favor del ministro en la investigación penal en curso.

El caso contra Santiváñez se sitúa dentro del marco legal previsto en el artículo 399° del Código Penal, que sanciona la negociación incompatible. Este delito implica la posibilidad de haber favorecido a terceros o tomado decisiones contrarias a los intereses del Estado durante el ejercicio de funciones públicas. En este caso, la Fiscalía sostiene que el ministro pudo haber utilizado su posición para influir en las decisiones de la Inspectoría General, lo que configuraría un acto de abuso de poder y negociación incompatible.