En una reciente grabación difundida en diversos medios de comunicación, se escucha una conversación que supuestamente involucra al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’, en la que se discutirían detalles de su nombramiento como ministro. Según estos audios, Boluarte habría solicitado a Santiváñez el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), unidad que estaba a cargo de investigar a su hermano, Nicanor Boluarte, y a su exabogado, Mateo Castañeda.
Ante la controversia generada, Infobae Perú entrevistó al abogado Carlos Caro, actual representante legal del ministro del Interior, quien explicó las posibles implicaciones legales que podrían derivarse de las grabaciones.
Según el experto, la principal cuestión a dilucidar en este caso es la autenticidad de los audios. Explicó que el material fueron entregados la semana anterior por Izquierdo a la Fiscalía, donde fueron lacrados. En teoría, solo ‘Culebra’ y la Fiscalía tuvieron acceso a esta evidencia. Además, el abogado detalló que, hasta el momento, el proceso de autentificación de los audios no es completado, por lo que aún es prematuro emitir juicios sobre su veracidad. Señaló que el siguiente paso sería la transcripción de los audios bajo supervisión judicial y su posterior evaluación. En este punto, Santiváñez tendría la oportunidad de manifestar si reconoce o no su voz en las grabaciones, pero tal procedimiento depende de la autenticación de las pruebas.
“En teoría, nadie más tenía esos audios, únicamente el señor Junior Izquierdo y la Fiscalía, y me refiero a la Fiscalía de la Nación. Entonces, se va a programar una diligencia en la cual se va a deslave donde estarían los audios almacenados y se procederá a la transcripción de estos. El señor Izquierdo y su defensa han entregado el original, pero cuando se les ha pedido la fuente, dicen que la fuente es una grabadora que está a buen recaudo. Es decir, no le han entregado al Ministerio Público. ¿Qué sucede? El primer paso es la recuperación de la evidencia digital para verificar si es original, si está trucado, editado o recortado. Hay que seguir la cadena de custodia y eso tiene un protocolo establecido por el Ministerio Público”, señaló Carlos Caro.
El camino procesal y las implicaciones legales
Carlos Caro explicó que la difusión mediática precipitada de estos audios no sigue el cauce habitual de un proceso judicial, lo que podría generar confusiones respecto a su veracidad. Para el abogado, el hecho de que los audios se difundieran casi simultáneamente en diversos medios sugirió una carrera por dar la primicia, en detrimento de una correcta evaluación judicial de las pruebas. Caro recalcó la necesidad de respetar los procedimientos y esperar a que las autoridades verifiquen si los audios están editados o alterados.
“El señor Santibáñez asegura que los audios están manipulados, que son falsos, y no reconoce ni los audios ni su voz. Pero antes de discutir eso, es crucial seguir la cadena de custodia, un paso que aún no se ha cumplido. Lo que realmente necesitamos es que el señor Izquierdo entregue el original para que las autoridades puedan autenticarlo. Solo después de este proceso se podrá proceder con la escucha, la transcripción y la evaluación de las alegaciones como ‘esa no es mi voz’ o ‘ese no fue el contexto’. Este es el camino procesal que debe seguirse”, añadió.
Si se confirma que los audios son genuinos y que la voz del ministro Santiváñez es auténtica, se tendría que analizar el contenido de las grabaciones y evaluar si las declaraciones en cuestión constituyen un delito. En este caso, la imputación inicial sería abuso de autoridad, una vulneración que se define como un acto arbitrario por parte de un funcionario público.
El abogado hizo hincapié en que, incluso si las declaraciones de Santiváñez fueran ciertas, habría que determinar si equivalen a un abuso de autoridad en el sentido penal. Recordó que cuando Santiváñez asumió el cargo, la unidad especial de apoyo ya había sido disuelta por el ministro anterior, lo que complicaría cualquier acusación de que el actual ministro ejecutó acciones en contra de la Diviac.
“Si se confirma que es la voz del ministro, lo siguiente sería analizar el contenido, el contexto y la imputación, que en este caso es abuso de autoridad. Este delito implica un acto arbitrario, pero decir una lisura, aunque de mal gusto, no es un acto arbitrario en sentido penal, no es un delito. Además, cuando el señor Santibáñez asumió el cargo, el grupo especial de apoyo ya había sido eliminado por el ministro anterior, por lo que no ha tomado ninguna acción en contra de esa unidad. Lo que se le atribuye como una ‘campaña de demolición’ cae dentro de la libertad de expresión, y eso no es un delito.”
Futuro de la investigación
El proceso de investigación sigue abierto y aún no hay una fecha determinada para la transcripción de los audios, aunque la Fiscalía ya inició las diligencias necesarias. El doctor Carlos Caro advirtió que la investigación podría extenderse hasta 180 días si se declara como procedimiento complejo. Además, si la Fiscalía concluye que existen indicios de una organización criminal detrás de los hechos, el proceso podría prolongarse por tres años.
“Hay un procedimiento que seguir en esta etapa preliminar de la defensa, que inicialmente dura 120 días, pero puede extenderse hasta 180 días en casos complejos. Si la Fiscalía llegara a calificar el caso como de organización criminal, el proceso podría prolongarse hasta tres años”, finalizó.
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