Alférez de la PNP exigió coima de S/2.000 a madre de detenido: “Así es este sistema, todo con plata en mano”

Punto Final expuso una serie de audios en los que el agente policial ofreció acelerar las diligencias a cambio de dinero, un nuevo caso de corrupción que mancha la institución policial

Fuente: Punto Final

El alférez Franco Arias Jiménez, egresado hace ocho meses de la Policía Nacional (PNP), exigió una coima de S/2,000 a la madre de un detenido por tenencia de estupefacientes, según una serie de audios difundidos este domingo por Punto Final, que evidencian una supuesta mecánica corrupta dentro de la institución.

En un primer registro de voz, el agente policial menciona a la madre del implicado que las diligencias pueden ser aceleradas a cambio del soborno. “Para sacar resultados a favor, lamentablemente hay que pagar. Como le dije, yo me comprometo a apoyarla y lo que puedo hacer es acelerar todo. Yo puedo acelerar diligencias, pero también tengo que darle su apoyo a los que van a sacar rápido el resultado”, indicó Arias, quien era instructor encargado de la diligencia en la Dirección de Investigación Criminal (DEPINCRI) de San Martín de Porres.

El efectivo manifestó en otro momento su exigencia de recibir un adelanto para iniciar el proceso favorable: “Una parte primero y la otra cuando salga. Yo no puedo quedar mal con los que están encargados de esto”, señaló al subrayar la urgencia del desembolso para no perjudicar la agilización del caso.

Posteriormente, cuestionó la seriedad de la madre al no recibir el dinero acordado y sugirió que no invirtiera en abogados, ya que su intervención sería suficiente para garantizar un resultado favorable. “Creo que usted está jugando conmigo, sea sincera, dígame ‘no tengo nada’. (...) no puedo trabajar así”, dijo. En un último mensaje para persuadir a la madre, Arias insistió: “Todo va a salir a favor, que él sale limpio, simplemente ha sido un consumidor. Lamentablemente, así es este sistema, todo es con plata en mano”.

El alférez Franco Arias Jiménez indicó que no reconoce su voz. Foto: Punto Final

Según el dominical, el joven —quien trabaja como cocinero— fue detenido por poseer marihuana en San Martín de Porres (SMP). El acta policial señala que la intervención ocurrió el pasado 6 de agosto y que también llevaba un paquete con tusi, aunque según su defensa legal asegura que esta droga sintética psicodélica fue sembrada por el agente.

El intervenido permaneció durante 15 días en la dependencia policial. Sin embargo, bajo la óptica de la abogada Romy Chang, nunca debió estar retenido por ese tiempo: “No importa la cantidad de drogas que te encuentren; si no logran acreditar que la quieres comercializar y es solo para consumo propio, ahí no hay caso”, señaló la jurista.

Al ser consultado por el dominical, Arias indicó no recordar la conversación: “Hoy en día vemos tantas cosas, conversaciones, audios. No puedo darle credibilidad a eso. No es que me haya olvidado, no he hablado con nadie así. No reconozco ese audio, no me acuerdo de esa conversación”, mencionó.

Un destacamento policial custodia las plazas cuando miles de sindicalistas, en su mayoría trabajadores de la construcción, salieron nuevamente a las calles de Lima para protestar

Crisis en la PNP

Actualmente, la PNP atraviesa una profunda crisis debido a las numerosas denuncias que involucran a sus miembros, principalmente por corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), presentado por la Contraloría, revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.

Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 oficiales fueron retirados por faltas muy graves, lo que equivale a un promedio de 11 pases al retiro por día. Además, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por diversas infracciones. La infracción más común es la MG-39, consistente en faltar más de cinco días sin causa justificada.

Este lunes, la Corte de Lima Norte impuso 6 años y 8 meses de prisión a los efectivos Christian Patiño Arrieta y Celestino Enciso Quispe. Además, otros dos uniformados fueron sentenciados: Luis Alberto Marmolejo Fernández a 6 años y 4 meses de prisión, y Juan Presbítero Marchena Cabada a 5 años y 4 meses de cárcel.

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