Proponen que cárceles en el Perú puedan ser administradas por empresas privadas a través de una concesión

El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para que se puedan privatizar cárceles en el Perú a través de concesiones. También firmaron la propuesta sus compañeros de bancada: José Arriola, Guido Bellido, Heidy Juárez, Jose Luna y Carlos Zeballos.

De acuerdo con la iniciativa legislativa, este proceso se llevará a cabo mediante un “modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo, mediante el mecanismo de asociaciones público privadas, regulado por el Decreto Legislativo 1342″.

También se establece que una entidad del Estado se convertirá en el órgano de supervisión para realizar inspecciones periódicas, solicitar informes de gestión y aplicar sanciones en caso de incumplimiento de los términos contractuales.

Adicionalmente, este contrato de privatización también deberá incluir la implementación de auditorías independientes anuales cuyos resultados serán públicos. Así, se podrá evaluar: la gestión operativa, el uso de los recursos, el respeto a los derechos humanos y la eficacia de los programas de rehabilitación.

En las disposiciones finales complementarias, el legislador indica que el Ministerio de Justicia (MINJUS), junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tendrían que reglamentar los aspectos técnicos, operativos y financieros necesarios en un plazo de 90 días hábiles a partir de la publicación de la ley, si es que llega a aprobarse en el pleno.

Juan Burgos menciona en la exposición de motivos que el hacinamiento en los centros penitenciarios se ha convertido en “una crisis humanitaria que afecta no solo a los reclusos, sino también a la sociedad en su conjunto”.

Asimismo, se menciona que una de las consecuencias de contar con poco espacio disponible ha sido la proliferación de la tuberculosis, enfermedad que “se ha convertido en la principal causa de mortalidad al interior de los penales”

“Se logrará la promoción del bien común en el sector carcelario, de rehabilitación y resocialización de los reos, situación importante, pues repercutirá en la mejora de la comunidad y la vida social”, se lee en el documento.

Además, menciona como ejemplo casos de otros países, como Chile, Australia, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, a pesar de que en este último país hubo denuncias de usar este tipo de establecimientos como un negocio, con contratos millonarios con empresas privadas y leyes que apuntaban directamente a la población migrante.

Desde hace nueve días se viene acatando una huelga nacional por parte de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Como consecuencia, se han reportado múltiples denuncias ante la imposibilidad de ingresar alimentos y medicamentos a las cárceles.

Más de 10 mil trabajadores del INPE, distribuidos en los 68 centros carcelarios del país, se han sumado a la protesta, exigiendo un incremento salarial. La huelga ha afectado significativamente a los internos y sus familias, quienes se encuentran preocupados por el deterioro de las condiciones dentro de las cárceles.

En diálogo con Exitosa, la madre de un recluso relató que viajó desde Huánuco a Lima y lleva 15 días sin poder ingresar al Penal de Lurigancho. “No me dejan ingresar, tengo acá 15 días. Mi hijo está sin medias, sin ropa, no hay nada para que coma. Vengo de lejos, no voy a estar, no tengo casa acá”, lamentó.

Las restricciones también han impedido la entrada de medicamentos. Una de las familiares de un interno expresó al mismo medio su preocupación por la salud de los reclusos, debido a que algunos padecen enfermedades graves y necesitan tratamientos médicos continuos. “Hay demasiada TBC adentro. Si no tienen medicina, infectan a otras personas que no se van a alimentar”, señaló.

El Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario (SINTPE-INPE) ha encabezado la protesta, la cual busca presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas salariales.