Una docente de Paita (Piura) denunció por violencia física y estafa al agente Edwin Barrios Chauca, con quien entabló un vínculo sentimental en 2021. Sin embargo, la Policía Nacional (PNP) lo blindó y ahora ella recibe amenazas. En un informe difundido este domingo por Exitosa, la víctima relató que, después de iniciar la relación, Barrios comenzó a solicitarle dinero bajo el pretexto de tener deudas, lo que la llevó a prestarle hasta 50 mil soles.
“Empecé a ayudarlo porque era mi pareja”, declaró. La relación, que inicialmente parecía basada en la confianza, se tornó violenta cuando la profesora descubrió una infidelidad por parte del efectivo. A partir de ese momento, las situaciones de abuso se intensificaron. “Si me demoraba, me respondía con gritos por teléfono y me asustaba”, testificó.
Un certificado médico emitido por la comisaría de Ciudad del Pescador en Paita confirmó que había sufrido fractura traumática en ambos brazos. Sin embargo, documentos mostrados por la emisora exponen que en febrero pasado, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Paita determinó no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra el agente.
Ante esta decisión, la víctima llevó el caso a la Fiscalía Superior Mixta de Piura, que en mayo de 2024 revirtió la disposición y recomendó que el agente continuara bajo investigación. Un informe de la Inspectoría de la PNP de Sullana también concluyó que Barrios había cometido una “conducta funcional indebida muy grave”. No obstante, la Inspectoría de Piura, encabezada por el coronel Carlos Huachin Godos, absolvió la infracción grave emitida por sus pares de Sullana.
Recientemente, la docente ha recibido una serie de amenazas que ya están en manos de las autoridades. La emisora constató que el general Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial Piura, tiene el historial del caso y deberá pronunciarse al respecto en los próximos días.
Crisis en la PNP
La PNP atraviesa una profunda crisis debido a las numerosas denuncias que involucran a sus miembros, principalmente por corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), presentado por la Contraloría, revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.
Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 oficiales fueron retirados por faltas muy graves, lo que equivale a un promedio de 11 pases al retiro por día. Además, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por diversas infracciones. La infracción más común es la MG-39, consistente en faltar más de cinco días sin causa justificada.
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