El exconsejero espiritual de la presidenta Dina Boluarte, Teodoro Berru, entregó al Ministerio Público una serie de audios que revelan el pago de sobornos para los cargos de prefectos y subprefectos en ‘Los Waykis en la sombra’, una presunta red de tráfico de influencias que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y a Mateo Castañeda, exabogado de la jefa de Estado.
Según un informe difundido este domingo por La República, Berru y Víctor Torres, íntimo de los Boluarte y ahora principal colaborador eficaz del caso ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), sostuvieron conversaciones registradas en el Club Apurímac los días 25 y 27 de enero de 2023.
Torres contó a los fiscales que, con el consentimiento de su hermana, Nicanor Boluarte inició la renovación de prefectos regionales y de subprefectos provinciales y distritales en diciembre de 2022, después de que ella asumiera la Presidencia. Las personas nombradas eran sus allegados.
El colaborador eficaz recibió el encargo de entregar los nombres seleccionados a Jorge Ortiz Marreros, quien fue designado como Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Los audios confirman el papel de este último en la trama corrupta al nombrar en los cargos a las personas que señalaba Nicanor.
En uno de los registros citados por el diario, se menciona: “El ‘pata’ [aparentemente Ortiz Mareros] ha querido negociar en Cajamarca, ya hicimos un cálculo más o menos de 700.000 soles de oro de coima en Cajamarca. Un prefecto valía 8,000, un subprefecto valía 5,000 y un buen distrito valía 2,000. Si tú sumas Cajamarca te va a salir esa cantidad de plata. Pucha, mejor imagínate con todo el Perú, me voy, me voy a la isla (Gran) Caimán”.
La República también indica que, según Torres, ‘Los Waykis en la sombra’ nombraron aproximadamente a 50 prefectos regionales y subprefectos provinciales y distritales, todos designados en la gestión de Ortiz Marreros. En otro audio, Torres relata a Berru que solía enfrentarse debido a la demora en cumplir con las designaciones.
“Traes tu resolución hace un mes y no sale. Por qué, porque son caprichos también de allá arriba (Palacio de Gobierno). Lo que pasa es que yo le he permitido la mañosería de parte de (...) un tal Ortíz, José (Jorge) Ortíz (Marreros). Tú sabes que habló pestes mías, que yo estoy haciendo lo que quiero. A ver, demuéstrame”.
En otro momento de los diálogos, Torres describió que algunas de las personas que habían pagado a cambio de ser nombradas autoridades, se quejaban con él, cuando la responsabilidad era de Ortíz Marreros.
“Pero estos han estado negociando en regiones, pues cuando vean que no sale su nombre, el compadre te he pagado a ti para ser prefecto 8, 000 soles y no estoy. ¿Ahí te van a decir hablen con (…) Torres no? Entonces negociado han estado, bueno el que se deja estafar se deja estafar, pues no, no puede ser uno es como un puesto de trabajo, te estafan, te estafan (…) al pata lo han puesto ahí, por un cargo político (…)”.
El vocero de la presidencia, Fredy Hinojosa, ha señalado que Dina Boluarte no tiene ninguna relación con los hechos atribuidos. En tanto, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, manifestó que las declaraciones de los testigos carecen de validez mientras no sean corroboradas.
Berru dijo que teme por su integridad, una de las razones por las que decidió entregar las grabaciones al Eficcop. También mencionó que los registros de voz fueron enviados al juez Richard Concepción Carhuancho, quien debe resolver el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva que enfrenta el hermano de la mandataria.
Este fin de semana, un grupo de siete personas, dos de ellas policías, fue detenido por el secuestro en Lima de Iván Siucho, testigo protegido en este caso. Marita Barreto, jefa del Eficcop, detalló que los secuestradores ingresaron con engaños a la casa del testigo, lo llevaron en un carro, lo amenazaron y lo abandonaron en una calle, además de quitarle el teléfono durante varias horas.
El caso de ‘Los Waykis en la sombra’ sostiene que los implicados forman parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
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