En medio de un estado de emergencia que ya va durando más de medio año, con la actividad criminal aún presente en la región, el Gobierno Regional de La Libertad, al mando de César Acuña, no ha ejecutado ni siquiera el 10 % de su presupuesto anual en materia orden público y seguridad asignado por el Ejecutivo en 2024.
Según información pública del portal de Transparencia del Ministerio de Economía (MEF), de los más de 10 millones de soles con los que cuenta el Gobierno de La Libertad, la gestión de Acuña alcanzó apenas el 9.9 % de ejecución en materia de seguridad ciudadana hasta el 25 de agosto de este año, con un monto apenas superior al millón de soles en ocho meses.
En promedio, hasta agosto, el gobierno de César Acuña ejecutó apenas 125.142,50 soles por mes en obras o proyectos específicamente dentro de la categoría de Seguridad Vecinal y Comunal.
El monto de ejecución llama aún más la atención si se considera que, a diferencia del año 2023, el Gobierno Regional de La Libertad ahora tiene casi siete veces más presupuesto. Para el periodo anterior apenas se le asignó 1.5 millones de soles para este fin, mientras que para este año se le dio una cantidad superior a los 10 millones.
Aun así, con solo llegar a una ejecución de 9.9 % del presupuesto anual, ya ha superado la cantidad de dinero ejecutado para este fin en el año 2023, pues en ese periodo el Gobierno Regional de La Libertad -que también estaba a cargo de César Acuña- no ejecutó nada de su presupuesto. Aún así, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte aumentó la partida presupuestal para La Libertad para el 2024.
Comerciantes informales expuestos a cobro de cupos
A la poca ejecución de presupuesto en la región La Libertad se suma la declaratoria de emergencia en las provincias de Trujillo, Pataz y Virú, zonas en las que se percibe un incremento de la criminalidad y sobre todo de la actividad de mineros ilegales, extorsionadores, crimen organizado.
En el caso de Trujillo, los comerciantes informales que se ubican en de las zonas comerciales más importantes como la Av. España, estarían expuestos a un posible caso de cobro de cupos. Esto lo confirmó durante una entrevista reciente en el medio local Sol TV, el subgerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Quiroz.
El funcionario indicó que los comerciantes informales que se ubican entre las cuadras 16 y 20 de esta concurrida calle, que suman más de 1.400 personas aproximadamente, no solo serían afectadas por esta actividad criminal, sino que también evitan realizar una denuncia de manera formal por temor a represalias por parte de los delincuentes.
“Cuando hemos ido a hacer un trabajo de campo, a organizarlos (a los comerciantes informales), nos hemos encontrado con ‘denuncias vagas’, no están escritas ni de la Policía (...) Exactamente no tenemos el número de mafias. Solo nos dicen que hay personas que están cobrando para que no se muevan”, aseguró Quiróz.
El funcionario sostiene que de momento no existe un número exacto de personas posiblemente afectadas porque no existen denuncias formales, presuntamente por temor. “Hay que luchar no solo contra estas personas inescrupulosas, sino también contra la corrupción (...) les pido a los ciudadanos hacer esta denuncia para identificar quién hace estos cobros indebidos”.
Mientras tanto, en Pataz, la sede de la minera ‘La Poderosa’ ha sido atacada por mineros ilegales, quienes atentan contra torres de alta tensión y amenazan la seguridad de los trabajadores de la empresa extractora de mineral.
En los últimos días, la PNP ya logró detener a un grupo de mineros ilegales que serían integrantes de ‘Los Topos de Oro de Pataz’ en la zona conocida como ‘anexo Los Alisos’. La PNP también incautó artefactos explosivos y maquinaria pesada con un valor superior a los 7 millones de soles. Esta fue hallada en un local que, en un principio, los intervenidos pretendían hacer pasar por un establecimiento formal
Los implementos encontrados en el lugar fueron incautados por los agentes de la Policía Nacional por ser utilizados comúnmente en actividades de mineros ilegales, quienes tienen una alta presencia en Pataz. De hecho, este es uno de los motivos por el que el Gobierno declaró esta zona en estado de emergencia desde febrero del 2024.