El Ministerio de Cultura, a cargo de Leslie Urteaga, sigue siendo criticado por los pueblos indígenas. Defensores y dirigentes han reiterado su demanda al Estado para aumentar el presupuesto destinado a proteger a los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), quienes enfrentan crecientes amenazas de la minería y tala ilegal.
En entrevista con RPP, Adam Bauer, representante de Aidesep, criticó que la Dirección de Pueblos Indígenas y en Contacto Inicial (DACI) del Mincul reciba solo entre 3 y 4 millones de soles al año para proteger más de 4 millones de hectáreas en la Amazonía. Según Bauer, se necesitan entre 20 y 25 millones de soles para una protección efectiva.
“En el Perú, el régimen sancionador por infracciones a la Ley PIACI (Ley N° 28736) existe, fue aprobado hace cinco años, pero, a pesar de haberse registrado tantas amenazas en las reservas indígenas, no se ha implementado el régimen sancionador hasta el día de hoy. ¿Por qué no se implementan los mecanismos de protección de los derechos de esos pueblos? La raíz de este problema es que el Ministerio de Cultura no otorga un presupuesto adecuado a la Dirección de Pueblos Indígenas y en Contacto Inicial (DACI)”, alertó.
Deforestan bosques de reservas ilegalmente, pese a ley PIACI
Por su lado, Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), expresó que la tarea de proteger a los PIACI se vuelve cada vez más difícil debido a la violencia e inseguridad generadas por las economías ilegales, como es el caso de la Reserva Indígena Kakataibo, creada en 2022 para su protección.
En dicha área —ubicada entre las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Huánuco— existe una grave crisis debido a la expansión del narcotráfico. Así lo han revelado recientes imágenes aéreas donde se observa la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas y cultivos ilegales de coca dentro de esta zona protegida, que forma parte de los territorios de las comunidades indígenas kakataibo en aislamiento y contacto inicial.
Sin embargo, a pesar de las denuncias por parte de la Fenacoka y Aidesep, denuncian que el Estado no toma acciones para detener la invasión y la degradación de estas tierras.
“Nosotros defendemos los derechos colectivos de nuestros hermanos que están en situación de aislamiento y tenemos una responsabilidad inmensa que cumplimos desde nuestras posibilidades, con o sin el apoyo del Estado”, dice Marcelo Odicio, presidente de la Fenacoka.
Asimismo, líderes indígenas, como Julio Cusurichi de Aidesep, señalan que desde la creación de esta reserva en 2021, más de 1500 hectáreas han sido deforestadas ilegalmente.
Ante ello, se han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no implementa medidas adecuadas para proteger estos territorios garantizar los derechos de los PIACI frente a la invasión y la destrucción de su territorio, afirman.
Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo al estricto cumplimiento de la intangibilidad de las Reservas Indígenas y Territoriales, está prohibido desarrollar actividades dentro de estas áreas, en concordancia con la Ley N° 28736, “Ley para la Protección de los PIACI”, y su reglamento.
Hay 5 solicitudes pendientes de reservas sin aprobar por el Mincul
En ese marco, el antropólogo Klaus Rummenholler subraya la necesidad urgente de concluir los procesos de reconocimiento y categorización de las reservas indígenas. Actualmente, hay cinco solicitudes pendientes en Loreto y Ucayali que aún no han sido categorizadas por el Mincul.
Este trámite es muy importante, ya que proporciona un marco legal que protege los territorios indígenas de actividades invasivas como la minería, la tala ilegal y la expansión agrícola.
Además, asegura el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades que viven y se desplazan en dichas áreas, lo que permite garantizar que sus modos de vida tradicionales y sus prácticas culturales sean respetados y protegidos.
Asimismo, al establecer y reconocer formalmente las reservas indígenas, se reduce el riesgo de conflictos entre las comunidades y las industrias extractivas o de explotación de recursos, ya que se delimitan claramente sus territorios y las actividades permitidas.
En resumen, dar visibilidad a las reservas indígenas a nivel nacional e internacional contribuye a que se respeten los derechos de estos pueblos indígenas y se tomen medidas contra las violaciones de sus derechos.
Sobre ello, el especialista Klaus Rummenholler resalta: “Es importante concluir los procesos de reconocimiento y categorización de las reservas indígenas. Por el momento existen cinco solicitudes pendientes en Loreto, Ucayali. Dos de ellas, Yavarí Mirim y Napo Tigre, fueron solicitadas a inicios de la década de 2000, sin que a la fecha se logre su categorización”.