CAL procesará a congresistas que respalden cuestionado proyecto de Waldemar Cerrón: ¿a quiénes afectaría?

La reciente propuesta legislativa que busca establecer una Comisión de Fiscalización sobre jueces y fiscales ha generado controversia en la comunidad legal peruana. La iniciativa, presentada por el congresista Waldemar Cerrón, provocó el rechazo del Poder Judicial, Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Tan es así que el decano del CAL, Raúl Canelo, informó que el Consejo de Ética de la institución procesará a los parlamentarios abogados y colegiados que respalden esta medida al considerarla un “daño a la profesión” desde un punto de vista deontológico. Dicho esto, ¿a quiénes afectaría?

De los 130 legisladores, 31 son letrados de profesión. Sin embargo, al no haber sido un anuncio realizado o respaldado por todos los colegios de abogados, solo se aplicaría a los que reporten a Lima como su distrito judicial. Aunque con este filtro la lista se reduzca a 12, el número es aún menor al excluir a los que no son colegiados.

Infobae Perú consultó en la web del Colegio de Abogados de Lima y constató que, de respaldar la cuestionada iniciativa, el Consejo de Ética podría proceder contra siete legisladores, de los cuales solo cinco aparecen habilitados: Susel Paredes, Luis Cordero Jon Tay, Héctor Valer, Patricia Juárez y Vivian Olivos.

A diferencia de otras carreras, la abogacía es una de las más comunes en el presente Parlamento. Los representantes de la patria que estudiaron derecho son:

1. Luis Ángel Aragón Carreño
2. Wilson Soto Palacios
3. Alejandro Soto Reyes Cusco
4. Eduardo Salhuana
5. Alejandro Enrique Cavero Alva
6. David Julio Jiménez Heredia
7. Luis Gustavo Cordero Jon Tay
8. Jorge Alberto Morante Figari
9. Héctor Jose Ventura Ángel
10. Bernardo Jaime Quito Sarmiento
11. Américo Gonza Castillo
12. Jose María Balcazar Zelada
13. Víctor Raúl Cutipa Ccama
14. Flavio Cruz Mamani
15. Betssy Betzabet Chávez Chino (suspendida)
16. Jose Luis Elias Avalos
17. Alejandro Muñante Barrios
18. Héctor Valer Pinto - Lima sí
19. José Enrique Jerí Ore
20. María del Carmen Alva Prieto
21. Lady Mercedes Camones Soriano
22. Maria Grimaneza Acuña Peralta
23. Gladys Margot Echaiz De Nuñez Izaga
24. Heidy Lisbeth Juarez Calle
25. Adriana Josefina Tudela Gutiérrez
26. Yessica Rosselli Amuruz Dulanto
27. Auristela Ana Obando Morgan
28. Carmen Patricia Juarez Gallegos
29. Leslie Vivian Olivos Martínez
30. Ruth Luque Ibarra
31. Susel Ana Maria Paredes Pique

El proyecto de Waldemar Cerrón busca la creación de una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales” con la finalidad de fomentar un marco institucional más estricto para la supervisión y sanción de conductas corruptas, intentando así restaurar la confianza pública en el sistema judicial y la integridad de los procesos legales.

No obstante, según críticos del proyecto, este atenta contra la división de poderes y plantea una duplicidad de funciones. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee competencias para evaluar el desempeño de jueces y fiscales en colaboración con la Academia de la Magistratura, llevándose a cabo esta revisión cada tres años y medio. Además, la JNJ tiene la facultad de sancionar a jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, inclusive destituyéndolos si es necesario, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

“De lo que se trata es de cumplir nuestra función de control político a jueces y fiscales que utilizarían mal este poder para sobrepasar sus funciones. Quién nada debe, nada teme, todos los peruanos deben ser investigados,” afirmó el legislador a medios de comunicación.

“Si vamos a separar los poderes, estaríamos garantizando que en uno y otro lado puedan hacer lo que quieran [...] no se está transgrediendo el sistema constitucional,” agregó.

PJ y Fiscalía rechazan proyecto

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció enérgicamente contra el proyecto, destacando sus posibles repercusiones sobre la democracia y la Constitución del país. Alertó sobre los peligros que conllevaría esta iniciativa legislativa, especialmente en términos de influencias sobre los organismos judiciales y disciplinarios.

“No nos someteremos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permita el ordenamiento legal”, afirmó e instó al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para que revise este tipo de proyectos legislativos que, según él, solo contribuyen a generar conflictos innecesarios entre los distintos poderes del Estado y deterioran la imagen del país.

El Ministerio Público también manifestó su rechazo al proyecto, resaltando que este “desconoce las funciones disciplinarias y sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia y de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”. “El Poder Legislativo de cada país no debe influenciar en las decisiones de este organismo constitucionalmente autónomo. Tal como también lo señala la ‘Declaración de Burdeos sobre jueces y fiscales en una sociedad democrática’”, agregaron