El reciente secuestro de Iván Siucho, testigo protegido en la investigación del caso “Los Waykis en la Sombra”— en el que se investiga a Nicanor Boluarte y el Mateo Castañeda, hermano y exabogado de la presidenta Dina Boluarte— ha generado conmoción y ha revelado la implicación de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en este delito.
El hecho ocurrió el viernes 23 de agosto, cuando dos hombres se presentaron en la vivienda de Siucho en Surco, lo secuestraron y lo mantuvieron retenido en un vehículo durante casi dos horas. El suceso se da poco después de que Iván y su hermano Martín denunciaran haber recibido amenazas tras testificar contra el exabogado de Dina Boluarte.
La participación de policías en el secuestro
De los siete detenidos implicados en el secuestro, dos son efectivos policiales. Se trata del suboficial Rolando Castillo Pino y el suboficial Gabriel Abraham Neyra Zapata, ambos pertenecientes a la Comisaría de Lince.
Según las declaraciones de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), estos policías utilizaron su posición para ingresar al domicilio de Siucho con engaños, lo secuestraron y lo trasladaron en un vehículo Nissan modelo Sentra, el cual posteriormente fue abandonado para cambiar de auto.
El objetivo del secuestro, según la fiscal, era sustraer los dispositivos móviles del testigo, presumiblemente con la intención de obtener o destruir información relevante para la investigación del caso “Los Waykis en la Sombra”.
Tras secuestrarlo, los captores lo amenazaron, le quitaron su celular y lo abandonaron en la vía pública. Posteriormente, los dispositivos fueron arrojados cerca de la vivienda de la víctima.
Contradicciones en las versiones
El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, ha ofrecido una versión distinta a la de la Fiscalía, señalando que el secuestro no estaría relacionado con el caso “Los Waykis en la Sombra”, sino que respondería a un móvil extorsivo o patrimonial. La declaración de Zanabria en RPP Noticias se dio solo unas horas después del secuestro y forma parte de la primera hipótesis policial.
Sin embargo, la fiscal Barreto ha sido enfática en denunciar que el secuestro pone en riesgo la vida de un testigo clave en una investigación de gran importancia. Además, cuestionó la falta de celeridad en la notificación del secuestro a la Fiscalía por parte de la policía, lo que pudo haber comprometido la protección de pruebas y la integridad del testigo. Al respecto, Zanabria descartó que hubiera habido demora en la actuación policial y defendió que se siguieron los protocolos de forma adecuada.
Implicaciones para el caso ‘Waykis en la Sombra’
El secuestro de Siucho ocurre en un momento crítico para el caso “Los Waykis en la Sombra”, ya que se aproxima la audiencia en la que se decidirá sobre la solicitud de 36 meses de prisión preventiva para varios de los implicados, entre ellos Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta de la República.
La Fiscalía sostiene la hipótesis de que Castañeda habría intentado influir en el desarrollo de las pesquisas del Eficcop con el objetivo de que se archive la investigación contra Nicanor Boluarte. Boluarte es señalado como el cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, aprovechando su cercanía y vínculo familiar con la presidenta peruana.
Las declaraciones de Siucho han sido clave en esta investigación, especialmente en lo relacionado con presuntas presiones por parte de Castañeda para que firmara un recibo justificando la posesión de S/. 15 mil encontrados en su oficina durante un allanamiento a su estudio como parte de las investigaciones.
Las investigaciones continúan, y la Fiscalía ha solicitado medidas de protección adicionales para el testigo y su hermano Martín Siucho, por quien los secuestradores también habrían pedido información.