Presidente del Poder Judicial se enfrenta al Congreso por proyecto de Waldemar Cerrón: “No vamos a aceptar iniciativas de este tipo”

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, emitió una fuerte oposición hacia el proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, que propone la creación de una comisión de fiscalización de jueces y fiscales. El Poder Judicial argumenta que esta iniciativa no solo atenta contra principios fundamentales como la democracia y la Constitución, sino que refleja un espíritu totalitario dirigido a controlar los organismos encargados de la administración de justicia.

En un pronunciamiento, el titular de la entidad no solo expresó su rechazo, sino que adelantó que lucharán “en defensa de sus fueros y autonomía”. “No vamos a someternos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permite el ordenamiento legal”, agregó.

Asimismo, exhortó al máximo representante del Parlamento, Eduardo Salhuana, a “revisar este tipo de proyectos que solo contribuyen al enfrentamiento innecesario de los poderes del estado y, por supuesto, dañan la imagen de nuestra patria”.

El objetivo del proyecto, según la documentación presentada por el también segundo vicepresidente del Parlamento, es crear una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales”, a fin de “promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales”. Sin embargo, esto plantea una duplicidad de funciones, ya que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee la capacidad de evaluar el desempeño de jueces y fiscales en conjunto con la Academia de la Magistratura cada tres años y medio.

Además, la JNJ puede sancionar a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, incluso destituyéndolos si es necesario, “a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. El proyecto presentado por Cerrón no establece una diferenciación clara entre fiscales supremos y otros de menor rango.

Actualmente, el Congreso ya dispone de la capacidad, a través de la Comisión Permanente, para presentar acusaciones constitucionales contra fiscales supremos y el Fiscal de la Nación. Esto sugiere que la nueva comisión podría redundar en funciones ya establecidas y operativas dentro del sistema judicial peruano.

Ante la polémica generada por el documento y el interés detrás al tener a su hermano y líder del partido que integra en la mira de la Fiscalía y PJ, el legislador insistió en defender el contenido. Inclusive, mencionó que lo que busca es hacer cumplir las funciones de control político propias del Congreso.

“De lo que se trata es de cumplir nuestra función de control político a jueces y fiscales que utilizarían mal este poder para sobrepasar sus funciones. Quién nada debe, nada teme, todos los peruanos deben ser investigados”, mencionó.

Además, se refirió a posibilidad de que, de ser aprobado el proyecto, esto atente a la autonomía de los poderes del Estado e indicó que su propuesta no violaría la carta magna. “Si vamos a separar los poderes, estaríamos garantizando que en uno y otro lado puedan hacer lo que quieran. [...] no se está transgrediendo el sistema constitucional”, indicó.

Por último, se refirió a las críticas de otros colegas parlamentarios con respecto al asunto, indicando que el tema se debe debatir en el pleno. “Presentar una ley no puede ser un atentado, es un tema democrático”, sentenció.