Fiscalía presenta denuncias contra Pedro Castillo por uso indebido de avión de la FAP y nombramiento ilegal de Juan Carrasco

El expresidente de Perú, José Pedro Castillo Terrones y su primer ministro, Guido Bellido Ugarte han sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación. La acusación se basa en el presunto delito de nombramiento ilegal en detrimento del Estado peruano.

Las investigaciones preliminares iniciadas en marzo de 2024 apuntan al nombramiento de Juan Manuel Carrasco Millones como ministro del Interior mediante la Resolución Suprema número 064-PCM, fechada el 29 de julio de 2021. Según la Fiscalía, Carrasco Millones asumió el cargo pese a no haber cumplido con los requisitos legales y constitucionales, dado que mantenía la posición de fiscal provincial titular especializado en criminalidad organizada en Lambayeque.

La situación se complica al considerar que Carrasco solicitó una licencia sin goce de haber tan solo dos días antes de su nombramiento y presentó su renuncia al Ministerio Público al día siguiente, el 28 de julio de 2021. Sin embargo, la aceptación formal de su renuncia se produjo varias semanas después de su designación como ministro.

El origen de la denuncia institucional se remonta a 2021, cuando los ciudadanos José Luis Chombo Jiménez y Rubén Eduardo Fernández Morales, presidente de la asociación Pro Actione, presentaron la acusación. La denuncia subraya que Carrasco Millones no contaba con la aceptación formal de su renuncia como fiscal y, por lo tanto, no reunía los requisitos legales para el cargo ministerial.

La resolución fiscal expresa que “Juan Manuel Carrasco Millones habría juramentado al cargo de ministro del Interior cuando aun era fiscal provincial titular (puesto al que hasta esa fecha no se le había emitido el acto administrativo que aceptaba su renuncia), motivo por el cual Carrasco Millones no habría reunido los requisitos legales para acceder a dicho cargo ministerial”

José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, enfrentará también denuncia constitucional por la presunta comisión del delito de peculado de uso. Esta denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación. El exmandatario es acusado de haber utilizado de manera indebida el avión de la FAP y otras aeronaves de las fuerzas armadas del Perú para asuntos personales.

El 9 de octubre de 2021, Castillo empleó un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para viajar desde el Grupo Aéreo n.° 8 del Callao hasta la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca. Posteriormente, se desplazó en helicópteros del Ejército del Perú hasta la provincia de Chota, distrito de Tacabamba, específicamente a la localidad de San Luis de Puña. Estos desplazamientos, según la Fiscalía, no estaban relacionados con funciones oficiales, sino que tenían fines estrictamente familiares, el cumpleaños de su hermana Irma Castillo Terrones, al cual asistió junto a diez familiares.

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, de enero de este año, se reveló que Pedro Castillo hizo uso del avión presidencial para fines personales, no consistentes con su agenda oficial. El documento detalla que se analizaron 98 desplazamientos aéreos realizados por Castillo durante su mandato, entre el 28 de julio de 2021 y el 9 de julio de 2022, concluyendo que en múltiples ocasiones realizó viajes a San Luis de Puña sin actividad oficial alguna en dicha localidad.

Según el informe de la Contraloría, se verificaron varios desplazamientos en fechas específicas: 9 y 10 de octubre de 2021, 27 de diciembre del mismo año, y en varias instancias durante abril, mayo y junio de 2022. Se señaló que de los 29 vuelos solicitados por Castillo, al menos en 21 de ellos participaban miembros de su familia, incluyendo a su esposa Lilia Paredes, sus sobrinos y sus hermanos, entre otros.

La denuncia también menciona que Pedro Castillo estuvo acompañado por personas ajenas a su despacho, como Richard Rojas y Henry Shimabukuro, según información de Perú 21.

Sobre la denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo y Guido Bellido, Juan Carrasco adelantó que, en su caso, se declaró fundada la excepción de improcedencia. Es decir, “el juez dice que esto no constituye delito”, mencionó.

En ese sentido, no solo cuestionó que se quiera iniciar una investigación “por un delito que no sucedió”, sino que el expresidente vacado y el expremier pueden recurrir al mismo recurso.

“Ellos pueden presentar una excepción de improcedencia porque el hecho en sí no constituye delito como ministro, ¿puede constituir una investigación como fiscal? Deberá ser en otras instancias”, sentenció.