Congreso promueve proyectos de ley que debilitarían lucha contra la minería ilegal, el crimen organizado y la protección ambiental

El Congreso de la República ha puesto en agenda una serie de proyectos de ley que podrían alterar la regulación de la minería hasta la lucha contra la corrupción y el impacto ambiental de la publicidad.

En primer lugar, está el Proyecto de Ley 2172-2021-CR, impulsado por el congresista José Williams Zapata (Avanza País - Partido de Integración Social), que tiene como objetivo la creación de una comisión multisectorial destinada a fomentar el desarrollo social y económico en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno.

La propuesta se enfoca en una problemática crítica: la minería. Con esta, se busca formalizar las actividades mineras, prohibir la minería ilegal y recuperar los ecosistemas dañados por la explotación desregulada.

Pero, aunque el proyecto podría traer cambios positivos, existe una preocupación importante: introduce un nuevo plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado como una herramienta que utilizarían los mineros ilegales para presentarse como informales, lo que les permite evitar cualquier proceso penal y operar con impunidad.

En esa línea, cabe recordar también, que, el pasado 17 de julio, el Ministerio de Energía y Minas presentó un nuevo “Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” (MAPE) para reemplazar la Ley N.º 27651 del 2022. Esto a fin de unificar las reglas sobre la minería artesanal y de pequeña escala en una sola ley.

Específicamente, tiene como objetivo resolver los problemas que han impedido que los mineros artesanales y de pequeña escala se formalicen adecuadamente, a través de un sistema nacional para centralizar toda la información sobre estas actividades y realizar un censo para obtener datos precisos sobre los mineros y sus condiciones de trabajo.

Sin embargo, si bien esto puede representar un avance, también introduce cambios en la gestión ambiental. En particular, simplifica la certificación ambiental para la minería artesanal mediante una Declaración de Impacto Ambiental más sencilla.

Por otro lado, el Proyecto de Ley 3577-2022-CR, promovido por el parlamentario Jorge Morante Figari (Fuerza Popular), propone modificar el Decreto Legislativo 1373, que regula la confiscación de bienes obtenidos de actividades ilegales, como la corrupción, minería ilegal y otros delitos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo a algunas organizaciones, como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), este cambio podría debilitar las reglas actuales sobre la incautación de dichos bienes, pues, la extinción de dominio permite al Estado confiscar bienes ilícitos para evitar que los delincuentes se beneficien de sus crímenes y devolver esos bienes a la sociedad.

Por último, el Proyecto de Ley 7390-2023-CR, impulsado por la congresista Elva Julón Irigoín (Alianza Para el Progreso), que se centra en la industria de la publicidad exterior, propone la derogación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, la única ley que minimiza la contaminación lumínica.

La derogación de esta normativa si bien podría beneficiar a las empresas de publicidad al facilitar la colocación de anuncios y mejorar sus ingresos, plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente urbano.

Pues, la calidad del entorno visual y la salud pública se verían impactadas negativamente por un aumento desmedido en la publicidad exterior.