Pese a ser el hermano de un sentenciado por el Poder Judicial e incluso de estar vinculado a una presunta red de corrupción como ‘Los Dinámicos del Centro’, Waldemar Cerrón -que además es uno de los vicepresidentes del Congreso- presentó un Proyecto de Ley que crea una nueva comisión ordinaria capaz de “investigar y sancionar delitos cometidos por fiscales y jueces”.
La iniciativa legislativa del congresista por Junín pretende añadir una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales” y para ello utiliza como argumento una encuesta elaborada por Datum en marzo de este año en la que se indicaba que el 85 % de peruanos no confía en la Corte Suprema de Justicia por considerarla un organismo “corrupto”. De igual forma, indica que el 73 % de ciudadanos existe una falta de confianza en la Fiscalía de la Nación.
¿Cuál sería la función de esta nueva comisión del Congreso?
Según el proyecto, se busca “promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales”.
Sin embargo, esto colisiona con las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ya posee la capacidad de evaluar el desempeño de jueces y fiscales en conjunto con la Academia de la Magistratura para todos los niveles cada tres años y medio.
De igual forma, es la JNJ la entidad que -de momento- tiene la capacidad de amonestar o suspender de sus funciones hasta con 120 días a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos. También puede sancionar hasta con la destitución a todos los jueces y fiscales “a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.
Por otro lado, actualmente el Congreso, por medio de la Comisión Permanente, tiene la capacidad de presentar acusaciones constitucionales contra fiscales supremos y el Fiscal de la Nación. Sin embargo, el proyecto del congresista Cerrón no diferencia entre los fiscales supremos y otros de menor rango; además de incluir a jueces.
Congreso ya intenta sancionar a jueces y fiscales por sus fallos
En junio de este año, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen que propone tipificar como “faltas muy graves” para jueces y fiscales “generar” detenciones “arbitrarias”, sean estas detenciones preliminares, prisiones preventivas o sentencias condenatorias.
“Las multas impuestas a las autoridades judiciales, fiscales, policiales o administrativas se calculan multiplicando el tiempo de privación de libertad, equivalente al 10 % de la remuneración mensual bruta, por cada día de detención. La multa es asumida en partes iguales entre el denunciante, si lo hubiera, y la autoridad que incurrió en el error o que autorizó la detención”, fue el texto planteado.
En el mismo mes, la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte, presentó una iniciativa que busca modificar las leyes de la carrera fiscal y de la carrera judicial para permitir que tanto jueces como fiscales que liberen a presuntos criminales enfrenten sanciones severas que pueden incluso llegar a la destitución.
El documento indica que se busca incluir una nueva ‘falta muy grave’ tanto para jueces como fiscales, y su finalidad es “lograr investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público, y sanciones razonables para los delincuentes por parte del Poder Judicial”.
La nueva ‘falta grave’ consistiría en otorgar (en caso de jueces) o permitir (en caso de fiscales) la liberación de “personas investigadas por terrorismo, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos ambientales, feminicidio, violación sexual u organización criminal”.
Según la norma actual, las faltas muy graves tienen diversas sanciones que pueden variar —según los casos— entre sanciones de duración mínima de cuatro meses y máxima de seis meses, o con la destitución del juez o del fiscal. Por lo tanto, de aplicarse esta iniciativa de ley, los administradores de justicia pueden perder sus cargos.
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