Conductor de colectivo que atropelló y arrastró a un policía para evitar ser detenido en Chorrillos irá a prisión

El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva para el conductor de un auto que atropelló y arrastró a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) por varias cuadras sobre el capó del vehículo, en un intento por evitar ser intervenido en el distrito de Chorrillos.

La decisión tomada por el Poder Judicial será efectiva contra Josué Antonio Tumba Morón, de 21 años, por ser el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio simple en el grado de tentativa en agravio del suboficial Edwards Otazo.

Según los hechos comunicados por el Ministerio Público, el pasado 14 de agosto de 2024, el agente PNP afectado se encontraba brindando apoyo en un operativo organizado por el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) cuando se identificó el vehículo mientras ofrecía el servicio de taxi en la Av. Huaylas (Chorrillos).

El incidente ocurrió cuando los agentes de la Policía pidieron que el conductor del auto se estacione. Sin embargo, en lugar de hacer caso a las indicaciones de las autoridades, inició su escape y atropelló al suboficial.

En busca de salvar la vida de su colega, los otros miembros de la PNP que se encontraban presentes se subieron a un bus de transporte público para alcanzar al vehículo y detener a Tumba. Tras varios minutos, lograron interceptar al presunto colectivero, quien fue trasladado a la dependencia policial.

Se presume que Tumba Morón sería un colectivero informal. En el momento que fue intervenido, estaba junto a otras dos personas al interior del auto marca Kia y placa CAD-327. “No soy delincuente, estoy trabajando por lo legal”, dijo el conductor para justificar su accionar.

Infobae Perú se contactó con especialistas especializados en transporte público para saber cómo se llegó a esta situación. Cynthia Yamamoto Vera, magíster en Comercio Internacional y cofundadora de Peruanos de a pie, comentó que el problema del transporte en la ciudad parte desde la década de los 90, cuando el régimen de Alberto Fujimori liberó el transporte público y este se volvió “una forma de subsistencia frente a la falta de oportunidades de trabajo formal”.

Efectivamente, hasta los años 90, las cooperativas, comités y hasta compañías de propiedad social del Estado que atendían el sistema urbano eran propietarias de las unidades. Sin embargo, con la llegada de Fujimori al poder, se liberó el sistema de transporte, inlcuso antes de que se reformara la Constitución Política.

La situación desde entonces solo ha empeorado, y no solo por el accionar de las gestiones municipales, ya que el Congreso de la República y los Gobiernos nacionales han aprobado normativas que han sido severamente criticadas por especialistas.

Por ejemplo, el Parlamento aprobó este año el proyecto de ley 00842/2021-CR, a través del cual se establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) regulará a las empresas de taxi por aplicativo, pero quita a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (AUT) su función fiscalizadora.