Capturan a sacerdote condenado a cadena perpetua por cometer abuso sexual infantil en parroquia de Ancash

Las autoridades peruanas han llevado ante la justicia a un sacerdote condenado por abuso sexual infantil. Maurilio Paulino Villafana Morales, de 53 años, fue capturado en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, en la región de Áncash. La Policía Judicial llevó a cabo la detención al mediodía del último martes 20 de agosto.

El caso comenzó a ser investigado en 2019 por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, liderada por la fiscal provincial Rosario Mercedes Aliaga Castañeda.

El 3 de mayo de 2024, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz dictó la sentencia de cadena perpetua por el delito de violación sexual de una menor de edad, una condena que fue posteriormente ratificada por la Sala Penal.

El ahora exsacerdote fue encontrado culpable de haber abusado de una menor desde que ella tenía 9 años. Actualmente, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Huaraz para cumplir su condena.

Las investigaciones en torno a Maurilio Paulino no concluyen aquí. La fiscalía de la provincia de Huaylas maneja otras cuatro carpetas fiscales, que documentan abusos cometidos contra menores de edades comprendidas entre los 8 y 10 años.

Según el material investigado, se presume que estos abusos ocurrieron durante prácticas denominadas como la ´Misa Perfecta´, que aparentemente eran promovidas por este exsacerdote junto a otros implicados.

Las denuncias contra el sacerdote Paulino Villafana Morales por abuso sexual infantil en el distrito de Mato, región de Áncash, han generado fuertes repercusiones en la comunidad. Dos menores, víctimas del sujeto, lograron finalmente hacerse escuchar después de que, en diversos intentos, sus acusaciones no tuvieran el impacto esperado.

El también profesor de religión cometía los abusos en la propia iglesia del distrito y grababa sus actos con su teléfono móvil frente al altar, luego manipulaba a sus víctimas para evitar que lo denunciaran. A pesar de la primera acusación, el cura continuó con sus funciones tanto en la parroquia como en la escuela.

La comunidad, sin embargo, no apoyó a las víctimas de inmediato. Las familias de las dos primeras denunciantes sufrieron hostigamientos y agresiones, siendo incluso atacadas y acusadas de haber sido sobornadas para realizar las denuncias. La situación se agravó cuando el sacerdote logró que 200 residentes firmaran un documento en su defensa.

Las afectadas y sus familias, al darse cuenta de la falta de apoyo por parte de su entorno, acudieron al periodista Édgar Moreno, de Radio Huandoy en Caraz, para hacer pública la denuncia. Pese a dicho intento, el sacerdote contaba con el respaldo de la Diócesis de Huaraz.

Además, en un inesperado giro de los acontecimientos, Villafana Morales presentó una denuncia contra el periodista. No obstante, esta exposición mediática fue crucial, ya que el sacerdote fue finalmente expulsado del colegio y suspendido de la parroquia.

El Ministerio Público había solicitado información pertinente a cambio de 80 mil soles para capturar al sacerdote, ya que el acusado logró fugarse antes de ser detenido y formalmente procesado.

Según lo reportado en Hildebrandt en sus 13, Jesús Estremadoyro, abogado de una de las víctimas, señaló que hubo intromisión de la iglesia católica en el proceso judicial. El letrado denunció que la primera declaración de la víctima en la cámara Gesell se realizó sin la presencia de un juez, lo que anuló su valor probatorio en el juicio oral. “Teníamos que hacerlo de nuevo”, explicó.

De acuerdo con la información provista, el Ministerio Público abrió una segunda investigación contra el sacerdote Villafana Morales, incluyendo en esta también a dos coristas y a la encargada de los acólitos, Alina Meres Moreno. Esta última fue acusada por la víctima de haber sido ayudante y cómplice del abuso cometido por el cura y, aunque ella admitió haber mantenido una relación con el sacerdote, negó tener conocimiento acerca de los abusos.

En julio de 2022, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el sacerdote y los tres implicados. No obstante, un juez rechazó esta petición argumentando que no existía riesgo de fuga, decisión que contrarió luego a los magistrados de Áncash, quienes confirmaron la severidad de los crímenes imputados y dictaron la pena de cadena perpetua.

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los CEM, que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.