Pese al estado de emergencia que está vigente desde febrero en la provincia de Trujillo, aproximadamente mil comerciantes informales ubicados en la Av. España, uno de los centros de comercio más activos de la ciudad, están expuestos a ser víctimas de extorsionadores que piden un pago para permitir el uso de espacios públicos y no atentar contra su seguridad.
Durante una entrevista reciente en el medio local Sol TV, el subgerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Quiroz, indicó que los comerciantes informales que se ubican entre las cuadras 16 y 20 de esta concurrida calle, que suman más de 1.400 personas aproximadamente, no solo serían afectadas por esta actividad criminal, sino que también evitan realizar una denuncia de manera formal por temor a represalias por parte de los delincuentes.
“Cuando hemos ido a hacer un trabajo de campo, a organizarlos (a los comerciantes informales), nos hemos encontrado con ‘denuncias vagas’, no están escritas ni de la Policía (...) Exactamente no tenemos el número de mafias. Solo nos dicen que hay personas que están cobrando para que no se muevan”, aseguró Quiróz.
El funcionario sostiene que de momento no existe un número exacto de personas posiblemente afectadas porque no existen denuncias formales, presuntamente por temor. “Hay que luchar no solo contra estas personas inescrupulosas, sino también contra la corrupción (...) les pido a los ciudadanos hacer esta denuncia para identificar quién hace estos cobros indebidos”.
La Libertad: Provincias alcanzan el medio año en estado de emergencia
La amenaza de presuntos extorsionadores y el cobro de cupos en Trujillo se produce durante un estado de emergencia que fue decretado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en febrero de este año, en un intento por reducir la actividad criminal en las provincias de Trujillo y Pataz. Sin embargo, este fue prorrogado hasta en tres oportunidades y actualmente -de no existir una nueva extensión del plazo- este acabará en septiembre del 2024.
En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, indicó que la declaratoria de emergencia es una medida populista y que no es sostenible en el tiempo.
“(...) No se puede sostener una medida que no está planificada. Eso es lo que hemos venido enfrentando todo el tiempo: las medidas populistas, medidas de impacto, pero que realmente no ponen el dedo en la llaga (...)”, indicó el ex titular del Mininter, que además sostuvo que “se apuesta a un estado de emergencia como medida para contentar al pueblo, como una medida populista que no tiene ni planificación ni soporte logístico. Cuando tú no tienes ninguna de esas dos cosas, entonces la medida está condenada al fracaso (...)”.
Si bien el año 2024 empezó con una declaratoria de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz (región La Libertad) por el aumento de la actividad de criminales como sicarios y extorsionadores, la región ya tenía acumulados 14 meses consecutivos en estado de emergencia exactamente por el mismo motivo, según pudo corroborar Infobae Perú.
“Los efectivos policiales tienen que redistribuirse para dedicarse a estas acciones específicas especiales (...) como son medidas paliativas y de impacto para satisfacer las medidas populistas del gobierno, no tienen un efecto en el tiempo porque esa gente tiene que retornar a sus unidades”, indicó a Rodríguez Infobae Perú. Este, según el exministro, es el motivo por el que muchas veces se puede ver en medios de comunicación a personas quejándose de la baja presencia policial en una zona.
Si bien el foco de la atención se centra en La Libertad por la actividad de la minería ilegal y organizaciones criminales; otras zonas, como Zarumilla (región Tumbes), que tiene frontera con Ecuador; y la región Puno, también fueron declaradas en emergencia por este gobierno.
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