Trabajadora municipal de Santa Anita es acusada de integrar banda de falsos taxistas: borraba imágenes de seguridad

Este martes 20 de agosto, la Policía Nacional del Perú realizó un allanamiento para desbaratar a una organización criminal de falsos taxistas. Dentro de este operativo se detuvo a la jefa de la central de videovigilancia de la municipalidad de Santa Anita, quien es acusada de colaborar con esta banda para cometer sus fechorías en el distrito.

La intervenida fue identificada como Vanessa Damiano Riveros, quien se encarga del monitoreo de las cámaras de seguridad del distrito. De acuerdo con la información policial, la funcionaria tenía la función de borrar los registros fílmicos para evitar que se les reconozca a los sujetos.

“De una u otra manera borraba los indicios para que esta gente pueda cometer actos ilícitos libremente sin que quede grabado”, manifestó el coronel Héctor Quinteros, jefe de la División de Crimen Organizado, a Latina Noticias.

Esto se da luego de la denuncia de una de las víctimas, a quien se le robó su billetera, por lo que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, al solicitar el registro, llegaron incompletas y llevó a las autoridades a indagar más en el caso.

El tío de la funcionaria también fue intervenido e intentó justificar la incautación de varios equipos celulares, debido a que señaló que se compraban por internet. No obstante, la PNP señala que tiene antecedentes penales.

Las autoridades rechazaron la demora del allanamiento, debido a la aplicación de la nueva modificación a la Ley 32108. En este sentido, la fiscal correspondiente manifestó que han cercado la zona para evitar que algún detenido pueda fugar o retirar documentos.

Por su parte, el coronel enfatiza que estas acciones solo retrasan el operativo, debido a que los intervenidos también podrían realizar acciones que busquen dilatar el proceso.

“Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro”, se lee en el Código Penal.

Por su parte, la municipalidad anunció que ha rescindido el contrato de locación de servicios de la funcionaria, quien laboraba hasta su intervención en la Sub Gerencia de Serenazgo, Fiscalización y Transporte. Al momento de su contratación, Damiano cumplía con los requisitos solicitados por la entidad y no registraba antecedentes penales, judiciales ni policiales.

Además, rechazan conductas impropias que lesionen la reputación de la municipalidad y la confianza del vecindario en la gestión. En tanto, precisan que colaborarán con las investigaciones fiscales sobre este caso, brindando toda la información correspondiente para el esclarecimiento de los hechos a la autoridad judicial.