La pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori sigue dando de qué hablar. Fuentes de Infobae Perú confirmaron que la Fiscalía dispuso abrir una investigación preliminar por 60 días contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en el trámite.
Como se recuerda, el tema generó grandes cuestionamientos al interior del Parlamento. No solo por el resultado, sino por el procedimiento, pues algunos legisladores, incluyendo a Alejandro Soto, expresidente de la entidad, argumentaban que el tema debió haber pasado por la Mesa Directiva.
“Todos teníamos conocimiento de la solicitud, así como de la del señor Pedro Castillo, pero eso va a las instancias administrativas, la cual se pronuncia si procede o no procede. […] Lo que sucede es que el ente administrativo representado por el Oficial Mayor, que es la máxima distancia administrativa del Congreso, nunca puso en conocimiento de la Mesa Directiva esa decisión. […] Nuestra competencia no es hacer el análisis y el tratamiento, pero lo lógico es que, culminada todas las etapas administrativas, se ponga a consideración de la mesa para que pueda debatirse, pero nunca se puso en conocimiento”, mencionó en entrevista con este medio.
![Mesa Directiva compuesta por Alejandro Soto, Arturo Alegría, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz. | Fotocomposición: Infobae Perú](https://www.infobae.com/new-resizer/8T9iG5kntXB_asC78fHTSVYuDzM=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/72D4BLGHVRGRHKO2JEJDYN37BQ.jpg 420w)
César Delgado Guembes, exoficial del Parlamento, opinó en la misma dirección. En diálogo con Pulso Informativo, recordó que en 2017 la Mesa Directiva a cargo de Luz Salgado evaluó y aprobó el retiro de beneficios al expresidente Alejandro Toledo al conocerse que Odebrecht le habría pagado sobornos. Entonces, si “respecto de beneficios de inferior jerarquía a la pensión vitalicia asume la competencia que le corresponde, la pensión vitalicia, con mayor razón, debe ser una competencia de la Mesa Directiva”, sostuvo.
“La Mesa Directiva, porque no se hace de manera inconsulta, le ha asignado al oficial mayor la tramitación de una pensión vitalicia cuya definición no le corresponde al servicio parlamentario, al director general de administración y, mucho menos, a la jefa de recursos humanos del Congreso; se trata de una prerrogativa presidencial, eso no queda en manos del servicio parlamentario”, explicó.
“Contraloría debería iniciar investigación”
El exprocurador Luis Valdivia explicó los motivos por los que el expresidente Alberto Fujimori no debió haber accedido a la pensión vitalicia. Recordó que el artículo 2 señala que se suspende el pago de la pensión con acusación constitucional salvo que haya sentencia absolutoria. Es decir, cuando hay sentencia condenatoria, se pierde.
![- crédito composición Infobae Perú / Andina](https://www.infobae.com/new-resizer/t8GAwpNeQXB3UlnfpY91BNRNvWc=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JH66LWYMY5CAJJ63X6QUGGWWAA.jpg 420w)
Además, sobre la premisa de que no fue acusado constitucionalmente, el exfuncionario aseguró que sí. “Es más, él fue vacado por incapacidad moral que es otra causal. [...] También he escuchado decir que la pensión es un derecho, pero esta no es ordinaria, como las que se aportan a la ONP o AFP, esta es extraordinaria. Tanto es así que la propia norma establece una causal de excepción, entonces no es un derecho”, explicó en diálogo con Canal N.
“Están actuando ilegalmente, lo que debería hacer la Contraloría es iniciar una investigación respecto a lo que han aprobado. Hay que ver si se denuncia a los de recursos humanos o a otras personas porque evidentemente no solo es inmoral, sino ilegal”, sentenció.
¿Quién firmó la autorización para Alberto Fujimori?
El documento a favor del expresidente lleva la firma de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Janette Figueroa Valdez, militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 2014, según fuentes de Canal N.
Aunque las diligencias también alcanzarían al área legal y constitucional del Parlamento, la persona que dio luz verde al pedido ya no se encuentra laborando al interior de la entidad.