El líder del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó archivar un proceso penal en su contra por el delito de organización criminal, en el caso conocido como ‘Los Gánsters de la Política’, bajo la protección de la nueva Ley contra el Crimen Organizado aprobada por el Congreso de la República, pese a las objeciones de organismos de la justicia peruana.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió la solicitud presentada por la defensa técnica del congresista en la que argumenta que “los hechos que se le imputaron no constituyen delito en la actualidad”, basándose en las recientes modificaciones que han cambiado la tipificación del delito de organización criminal de la Ley 32108, publicada el 9 de agosto de 2024.
José Luna Gálvez es investigado por, presuntamente, haber financiado una organización criminal que compró las voluntades de exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) desactivado, para lograr la inscripción fraudulenta del partido Podemos Perú. Entre los exconsejeros involucrados se encuentran Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. Este acto tenía como objetivo nombrar a Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Convocan audiencia para resolver pedido de José Luna
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz ha decidido “admitir a trámite” la solicitud, argumentando que la oralización del escrito debe efectuarse en una audiencia pública, garantizando los principios de publicidad y contradicción esenciales para un debido proceso.
De conformidad con este procedimiento, el juez ha emplazado al Ministerio Público y a la Procuraduría Pública a que emitan su pronunciamiento sobre la solicitud de excepción de improcedencia de acción dentro de un plazo de 48 horas.
El juez ha convocado a una audiencia para el día 29 de agosto de 2024 a las 09:00 horas, la cual se llevará a cabo de manera presencial. Se ha indicado que el no comparecer o retirarse injustificadamente de la audiencia conllevará sanciones específicas. En el caso del Ministerio Público, se remitirán copias a la Oficina de Control, mientras que para la defensa técnica de los procesados la sanción implicará una multa de cinco Unidades de Referencia Procesal (URP) y la exclusión del caso, que será asumido por la Defensa Pública.
El juez, para garantizar la efectividad de estas disposiciones, ha autorizado que las notificaciones se realicen a través de casillas electrónicas, facilitando un proceso más ágil y acorde a las nuevas tecnologías disponibles en el sistema judicial.
‘Los Gánsters de la Política’
El Ministerio Público sostiene que, para lograr sus objetivos, José Luna Morales, hijo del líder de Podemos Perú, en su calidad de gerente general de la Universidad Telesup, habría ordenado pagos a favor de Águila Grados y Noguera Ramos, disimulados como compras de derechos de autor, entre otros. Este accionar configura un entramado destinado a controlar instituciones claves del sistema electoral y jurídico del país.
El caso se enmarca en las maniobras de la red ‘Los Gánsters de la Política’, que según los informes del Ministerio Público, operó mediante la compra de influencias y la corrupción para consolidar el poder de su organización. Dicha red, presuntamente liderada por José Luna Gálvez, demostraría la penetración de prácticas corruptas en las más altas esferas del sistema judicial y electoral del país.
Vladimir Cerrón también busca ampararse en nueva Ley de Crimen Organizado
La Ley 32108, presentada por Waldemar Cerrón de Perú Libre, fue aprobada en primera instancia por la Comisión de Justicia, presidida en ese entonces por Américo Gonza, también de Perú Libre.
La normativa añade un giro significativo en los procesos judiciales que asocian a funcionarios con organizaciones criminales. No se trata del único caso en que se busca aplicar esta ley: recientemente, Vladimir Cerrón, quien se encuentra actualmente prófugo, y su hermano, también legislador, apelaron a esta ley buscando el archivo de los cargos en su contra en el caso de Los Dinámicos del Centro.
El congresista José Luna Gálvez, perteneciente al partido Podemos Perú, se convierte así en otro parlamentario que intenta detener su proceso judicial con la argumentación de esta ley. En su solicitud, expone que la modificación legislativa reciente genera la improcedencia de acción en su caso específico.
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