![La presidenta Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional por 16 ciudadanos, entre ellos exministros, por el caso de las muertes de 49 personas durante las protestas al inicio de su gobierno. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/EFE)](https://www.infobae.com/new-resizer/K17pebA5EzWb8PPUwHU36-9wl4Q=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OD54RKLBNJEV3NKPSJZ65B6MAE.png 420w)
El caso de las muertes de 49 ciudadanos peruanos durante las protestas entre los meses de diciembre del 2022 y febrero del 2023 fue oficialmente presentado a la Corte Penal Internacional en contra de Dina Boluarte y otras autoridades que podrían considerarse implicadas en presuntos delitos en este periodo. Los responsables fueron 16 ciudadanos peruanos, entre ellos exministros, quienes anunciaron el hecho esta mañana.
En un comunicado conjunto, ciudadanos como Marisol Pérez Tello, Walter Albán, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, quienes fueron ministros de Estado, indican que “hemos denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (...) a las autoridades del Perú implicadas en los hechos conducentes a la muerte de 49 peruanos y de, al menos, 344 heridos, producidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″.
El documento señala que en el proceso de presentación de la denuncia contra la mandataria y otras autoridades, se ha cumplido con las exigencias de la corte y “actuó con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana”. La declaración sostiene que se espera una investigación y que se llegue “hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar”.
“(...) Cuando atravesamos una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones a los derechos humanos que no pueden, no deben, quedar en la más absoluta impunidad”, se lee en el comunicado difundido por el medio Epicentro.
![Familiares sostienen fotografías de sus seres queridos que murieron en las protestas del año pasado durante una manifestación para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en Juliaca, Perú, el martes 9 de enero de 2024. La manifestación se da en el primer aniversario de esos disturbios mortales que se produjeron en el país tras la destitución y el arresto del presidente Pedro Castillo luego que intentó disolver el Congreso para evitar un juicio político. (Foto AP/Aldair Mejía)](https://www.infobae.com/new-resizer/HNdMOvU7oRuyHAWSHV2or7eEyjg=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VPO5D4PEI2I66QMHZ67MWJD5PM.jpg 420w)
Entre los firmantes también se encuentra el ex procurador Antonio Maldonado, el ex embajador Harold Forsyth y otras personalidades como Nicolás Yerovi, Oscar Vidarte Arévalo, José Burneo Labrín, Hugo Cabieses, Sonaly Tuesta, Carlos Rivera Paz, Pepi Patrón Costa, y Oswaldo de Rivero.
En una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la excongresista Indira Huilca, que también se encuentran en la lista de firmantes, indicó que “las graves violaciones a los DDHH de este régimen no pueden quedar impunes”.
Segunda denuncia contra la presidenta Boluarte ante la CPI
El documento presentado hoy ante la Corte Penal Internacional no es la primera que lleva a estas instancias a la presidenta Dina Boluarte. Hace dos meses, en junio del 2024, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunió con este organismo internacional para presentar una denuncia similar, también por las muertes durante las protestas al inicio de la gestión de Boluarte.
En conversación con Infobae Perú, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, quien viajó hasta La Haya para realizar la presentación de la demanda, detalló que este es un paso que debía darse tras monitorear “el desarrollo de la institucionalidad democrática. Al ver como se ha ido deteriorando esta situación y al no haber una confianza de que las investigaciones sigan su curso; y al advertir las constantes amenazas al Ministerio Público, decidimos impulsar esta demanda”.