La Libertad: distrito de Tacllán exige respuesta a autoridades tras no resolver crisis de agua contaminada desde hace una semana

La crisis de agua potable fuera de Lima no pasa desapercibida. Esta tarde, a través de la red social X (antes Twitter), el Movimiento Ecologista del Perú alertó sobre un grave problema en el distrito de Tacllán: el agua suministrada para consumo humano podría estar contaminada.

Así lo evidencia un video compartido por una persona del distrito ubicado en la sierra liberteña. Según la denuncia, el agua que sale por los caños tiene un color oscuro y mostraría signos claros de contaminación, lo que genera gran preocupación entre los ciudadanos. Pues, reportan que, desde hace una semana, las familias de Tacllán están lidiando con esta situación.

La organización civil, en representación de los vecinos de la jurisdicción perteneciente a la provincia de Sánchez Carrión, exige a las autoridades competentes una pronta solución al problema, así como una evaluación detallada del suministro para asegurar que el agua sea segura para el consumo, ya que temen que esta pueda representar un serio riesgo para la salud y la calidad de vida de la población.

En áreas rurales y menos urbanizadas como Tacllán, el suministro de agua potable suele ser gestionado por entidades locales, como Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), que son organizaciones comunitarias encargadas de la gestión del agua potable y saneamiento en zonas rurales del Perú.

Estas juntas son supervisadas por los municipios locales y, en algunos casos, pueden recibir apoyo técnico y financiero del gobierno regional o nacional, en lugar de una empresa como Sedalib, que opera en áreas más urbanas.

Sedalib es la empresa encargada de suministrar agua potable y servicios de alcantarillado en La Libertad. Sin embargo, Tacllán no está dentro de su área de cobertura.

Sedalib opera principalmente en las provincias de:

• Trujillo
• Ascope
• Virú

Sedalib se encarga de abastecer agua y gestionar el alcantarillado en estas áreas, que son las más urbanizadas y pobladas de la región.

En Perú, el 73,7% de la población no tiene acceso a agua segura, según el último informe sobre la situación de la pobreza en el Perú en 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta situación es particularmente grave en zonas rurales, donde el 97,5% carece de este servicio, mientras que en áreas urbanas, la cifra es del 67,8%.

Según el mismo informe, más del 80% de la población en las regiones de Puno, Ucayali, Loreto y Huancavelica no cuenta con servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad, y acceso a internet. Esto contrasta con la situación en Lima Metropolitana y la provincia del Callao, donde menos del 30% de la población enfrenta estas carencias.

En cuanto a saneamiento, el 21,6% de los peruanos no tiene acceso a sistemas de alcantarillado, siendo esta cifra mucho mayor en zonas rurales, donde afecta al 59,9% de la población. Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno son las regiones más afectadas, con tasas que superan el 40%, reflejando una profunda desigualdad en el acceso a servicios básicos esenciales para la calidad de vida.

Un reciente estudio de Aquafondo, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), advierte que esta situación podría empeorar en los próximos 40 años, ya que la crisis climática podría reducir la disponibilidad de agua potable en un 40 %.

Dicha problemática ha llevado a un aumento significativo en las facturas del agua, con incrementos de hasta el 160% debido a fugas. Además, esta vulnerabilidad empeora por la distribución desigual de la infraestructura en América Latina y el Caribe.

Sobre ello, Alejandra Mujica, coordinadora regional de Global Water Partnership South America, explica que los recursos hídricos enfrentan presiones adicionales debido al aumento poblacional, el desarrollo económico y la gestión ineficiente, lo que afecta tanto al medio ambiente como al desarrollo de la región.

Frente al problema, la especialista resalta que la seguridad hídrica del país depende de la acción colectiva, e insta a las instituciones y a los ciudadanos a adoptar medidas que promuevan un uso sostenible del agua para asegurar su disponibilidad en el futuro.