El general PNP Máximo Ramírez, director general de la Defensoría del Policía, de la Policía Nacional (PNP), aseguró que el chofer que atropelló y arrastró con su auto a un policía de tránsito perderá su licencia de conducir de por vida.
“Efectivamente, él ya no va a poder conducir un vehículo por el resto de su vida. (Lo podrá hacer, pero sin licencia). Claro, sin licencia”, respondió Ramírez.
Como se sabe, en dos oportunidades, Josué Antonio Tumba Morón intentó atentar contra la vida de un efectivo policial el pasado miércoles 14 de agosto, durante un operativo policial. Este conductor tenía al menos 4 papeletas por exceso de velocidad. Su auto contaba con una orden de captura por una papeleta que le impusieron, ya que no estaba usando el cinturón de seguridad. Además, su licencia de conducir permanecía suspendida, por todas estas infracciones, en el momento en que arrastró a la víctima.
Ramírez indicó que la Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva contra este sujeto. Depende del juzgado de Chorrillos si se otorgará esta medida mientras investigan y recaudan más pruebas del delito por el que se le señala.
El representante de la Defensoría del Policía contó que los ataques y tentativas de homicidio contra policías de tránsito son frecuentes. En los últimos días recibió 23 denuncias por este tipo de crímenes, pero en ningún caso se ha solicitado prisión preventiva.
“En estos últimos días que he tenido veintrés casos de violencia contra policías de tránsito ninguno ha ido con una prisión preventiva, salvo este caso que se ha complicado y que es evidente que hubo una tentativa de homicidio, aparte de la violencia contra la autoridad porque si lo califico como violencia de repente ya el fiscal no hubiese solicitado la prisión preventiva. En este caso hubo tentativa de homicidio en 2 momentos”, señaló.
Para Ramírez, un ataque como el descrito cometido contra un policía debe castigarse con prisión entre 8 y 12 años.
“Esto es frecuente con los efectivos de tránsito, generalmente damas, policías femeninas que trabajan en tránsito. Ellas son víctimas muchas veces de este tipo de agresiones, tentativas de homicidio, en muchos casos. En estos dos meses y medio que tengo en la Defensoría del Policía, tenemos las instrucciones claras del señor ministro del Interior de apoyar a todos los efectivos. Veo cómo los fiscales minimizan este hecho y solo consideran que los infractores en este tipo de intervenciones policiales, que incurren en violencia contra los efectivos policiales, solamente lo tipifican como una una resistencia a la autoridad”, señaló.
Sin embargo, los fiscales al momento de investigar los casos se ciñen a un acuerdo plenario, que, según Ramírez, atenta contra el principio de autoridad.
“Solamente lo ponen a la persona que ha agredido, que ha violentado al policía, en el artículo 388, que tiene una pena máxima de 3 años. Con esta pena máxima no va detenido nadie”, precisó.
Cabe resaltar que, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en los primeros tres meses del año, se inspeccionó un total de 1,622 vehículos, descubriendo que 536 de ellos, es decir, un 33 %, operaban sin el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).
Esta falta no solo constituye una infracción a las normas vigentes, sino que también pone en peligro a los pasajeros, ya que la condición mecánica de estos vehículos podría ser cuestionable.
Además, la ATU encontró que 382 de los vehículos inspeccionados no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un requisito fundamental para la cobertura en caso de accidentes.
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