Más de 100.000 mineros artesanales y pequeños mineros tienen previsto realizar una protesta en Lima el 9 y 10 de septiembre, exigiendo la aprobación de una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN Perú) solicitó, entre otros puntos, la salida del ministro Rómulo Mucho del cargo.
En una asamblea general, los dirigentes mineros y sus asesores expresaron un rechazo total al estado del proceso de formalización y a las diferentes propuestas del Ministerio de Energía y Minas. Específicamente, señalaron el propósito de eliminar el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) y finalizar con la formalización minera.
La tensión se refleja en los reclamos de los mineros: la CONFEMIN Perú exige la aprobación del proyecto de ley N° 7462/2023-CR, la promulgación de una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, y la renuncia inmediata del ministro Rómulo Mucho, a quien consideran un enemigo del sector.
Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha desatado una serie de debates al abordar la problemática de la minería ilegal e informal en el Perú. Según comentó en una reunión ministerial de Energía de APEC, uno de los principales dilemas ha sido la confusión entre minería ilegal e informal, lo que ha complicado la implementación de políticas efectivas. Mucho subrayó que la minería informal, pese a ser desordenada, contribuye significativamente a la economía. Por ello, el ministerio está centrado en un proceso de formalización de esta actividad.
Mucho destacó que cuatro de las cinco principales organizaciones mineras están revisando la nueva ley de formalización, una ley que busca un trato más justo por parte del Estado. Sin embargo, el proceso ha sido lento: de los 86,000 mineros en el país, solo un poco más de 20,000 han mostrado interés en formalizarse. El resto sigue operando al margen de la ley.
Fallas en proceso de formalización minera del gobierno
Según una investigación transfronteriza de Ojo Público, el mecanismo que facilita la blanqueo de oro ilegal es el Registro de Formalización Minera (Reinfo), el cual permite que el oro extraído ilegalmente sea comercializado legalmente. La investigación destaca la complicidad en varios niveles: desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que mantiene un sistema de formalización fallido, hasta el Congreso, que apoya la continuidad de este negocio ilegal, y un mercado que legitimiza el oro ilegal con su compra.
La destrucción de los bosques se acelera con el aumento del precio del oro y los intereses asociados. La explotación no solo se refiere a la deforestación directa y la extracción del mineral, sino también a la permisividad del gobierno y legisladores en esta actividad. La región de Madre de Dios es testigo de cómo uno de los ecosistemas más ricos del mundo se transforma en territorios fragmentados debido a la codicia global desmedida.
Este impacto ambiental no solo apela a la ecología. Según OjoPúblico, la minería ilegal también propicia un ambiente de ilegalidad, con problemas sociales y económicos que afectan a las comunidades locales. La formalización a través de Reinfo no logra contener la situación, permitiendo que la extracción ilegal continúe bajo una supuesta legalidad.
La falta de acción eficaz contra la minería ilegal pone en riesgo no solo la biodiversidad de la región, sino también las condiciones de vida de las comunidades locales, cuya supervivencia depende directamente del equilibrio ecológico. La problemática de la minería no solo está presente en el nivel local de operarios desforestando y extrayendo el mineral, sino también en las instancias gubernamentales y legislativas que ignoran los graves efectos y facilitan el proceso de legalización de actividades ilegales.