Huelga de tabajadores del INPE deja sin visitas a familiares de reclusos: 68 penales del país permanecen cerrados

Los exteriores del Penal de Lurigancho, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), se han convertido en el escenario de un enfrentamiento entre familiares de los reclusos y trabajadores del Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (SINTPE-INPE). La confrontación se intensificó cuando los familiares, quienes se encontraban esperando para ingresar a las visitas, arrojaron tomates a los trabajadores del sindicato en protesta por la huelga indefinida que estos últimos han iniciado desde ayer.

La medida que busca mejoras salariales y la renuncia del ministro de Justicia Eduardo Arana y del presidente del INPE, Federico Javier Llaque Moya, ha provocado una restricción en el acceso al centro penitenciario, afectando los días de visitas familiares. La situación ha generado malestar entre los visitantes, muchos de los cuales se desplazaron desde provincias distantes para cumplir con el esperado encuentro con sus seres queridos.

En una entrevista en vivo con Exitosa, una de las familiares afectadas expresó su frustración: “Nos han indicado que hoy no habría visitas, pero no hay ningún cartel que nos informe claramente. Muchas de nosotras hemos llegado desde ayer y nos resulta injusto que estemos aquí sin ninguna información precisa. No han permitido el ingreso ni de medicinas, lo cual es inaceptable.”

Otra de las visitantes, quien lleva esperando desde tempranas horas del sábado, comentó: “Somos un grupo grande esperando y aún no hemos recibido ninguna confirmación sobre si podremos ingresar o no. No ha salido nadie a darnos respuestas, ni siquiera el director del penal. Nos sentimos completamente desinformados y abandonados.”

La situación se ha visto agravada por la falta de comunicación oficial y la ausencia de señales claras sobre la restricción de visitas. A pesar de la presencia de la Policía Nacional (PNP) para asegurar que los conflictos no escalen, el ambiente en los exteriores del penal permanece tenso y la situación se replica en otros penales como Challapalca, Chanchamayo, Moquegua, Ica, entre otros. Además, se registra bloqueos de algunas vías de acceso a los centro penitenciarios.

El sindicato del INPE, en huelga por tiempo indefinido, ha restringido diversas funciones, incluyendo el acceso de visitas y de abogados. En las afueras de varios penales, se puede observar a los trabajadores manifestantes con carteles en mano, obstruyendo la puerta principal, algunos quemando llantas.

En el pliego de pedidos de quienes integran el sindicato, se incluyen la asignación de presupuesto para aplicar la Ley 29709 al personal CAS en 2025, un aumento de la remuneración integral mensual (RIM) para el personal regido por la citada ley, el cumplimiento del acuerdo extraproceso relacionado con el curso del CENECP para el personal de tratamiento y salud, la asignación de una bonificación del 15% del RIM por trabajo multifuncional y en condiciones adversas para el personal bajo la Ley 276, y el pago de vacaciones truncas al personal de la Ley 29709 según su récord vacacional.

“Todos los servidores penitenciarios estamos con el sueldo congelado hace 10 años, el sueldo básico es de 2200 soles y este año nos han aumentado solo S/3.30 diario, esta demanda depende del Ministerio de Economía para que sea aprobado en el Congreso. La medida se realiza en 68 penales a nivel nacional, también en los establecimientos transitorios, carceletas. Hace dos años estamos pidiendo la reincorporación de nuestros compañeros CAS, porque ellos trabajan con un sueldo de 1400 soles, muchos son de Lima, deben alquilar cuarto, su comida, al final solo les queda 800 soles”, declaró Edward Yony Mitacc Mamani, trabajador de una de los penales de Ica a Correo.