El pasado 10 de agosto, los comuneros de Chillihuani, en Cusipata, protagonizaron un violento incidente que resultó en la muerte de Flavio Illatinco Yupanqui, exdirigente comunal de 45 años. Según declaraciones de la fiscal Rina Arana García, los atacantes no solo acabaron con la vida de Illatinco Yupanqui, sino que también dejaron heridos a tres de sus familiares, Filomeno Illatinco Quispe, Rufina Noa Vicente y Eulogio Noa Vicente.
Tras el lamentable suceso, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Quispicanchi, luego de audiencias prolongadas durante tres días, ordenó nueve meses de prisión preventiva para dieciséis comuneros involucrados en la agresión.
Estos serán internados en el penal de Quenccoro, en la ciudad del Cusco. En contraste, cinco mujeres fueron liberadas bajo restricciones y deberán pagar una caución de 2 mil soles.
El incidente, descrito por la fiscal, ocurrió cuando los agraviados descendían en dos motocicletas hacia Cusipata para asistir a un matrimonio. En el camino, fueron sorprendidos por unos setenta comuneros que los golpearon, maniataron y despojaron de sus vehículos. La motocicleta de Illatinco Yupanqui fue quemada y la otra arrojada a un río. Mientras los agresores actuaban, otro grupo cortó los cables de telecomunicaciones, intensificando el aislamiento de la zona.
Por la noche, la policía y los miembros de seguridad municipal intentaron intervenir en Chillihuani, pero su vehículo sufrió daños por pedradas. La mañana siguiente, se encontraron a los tres heridos y el cuerpo de Illatinco Yupanqui. Además, se detuvo a 19 personas, incluyendo un menor de edad que fue enviado al centro juvenil de Marcavalle por un plazo de cuatro meses.
La disputa tiene raíces profundas en la administración de la montaña Vinicunca, un lugar turístico conocido como la montaña de siete colores. Flavio Illatinco Yupanqui, quien también fue exalcalde de Chillihuani y habitante de la comunidad de Llacto, habría cuestionado los cobros indebidos efectuados por los comuneros de Chillihuani, lo cual aparentemente desató el conflicto. Su reclamo buscaba la intervención de autoridades locales, regionales y nacionales para regular estas prácticas.
En respuesta a las críticas sobre la posible discriminación en su investigación, la fiscal Arana García destacó que el Ministerio Público cumplía con su deber estatal frente a un hecho de tal envergadura y que no buscaba perjudicar a los comuneros, sino hacer cumplir la ley respecto a vulneraciones de derechos fundamentales.
“Estamos cumpliendo un trabajo, la labor encomendada por el Estado en la condición de fiscal, frente a un hecho tan macabro que hemos tomado conocimiento, aquí nadie quiere perjudicar a los pobres comuneros, simplemente han caído en el límite, en la prohibición que el artículo 149 les ha impuesto que es vulnerar los derechos fundamentales de sus paisanos, de sus parientes que también son comuneros”, señaló la magistrada.
El juez Roger Jiménez Luna valoró las pruebas y testimonios presentados, imponiendo medidas coercitivas para garantizar la continuidad de la investigación y evitar riesgos de fuga o intervenciones en la recolección de pruebas.
Cabe precisar que los procesados que fueron recluidos en el penal de Qenccoro por orden judicial son Rosalio Ccanchi Yupanqui, Víctor Félix Choqque Yupanqui, Víctor Quispe Huisa, Marcelino Condori Condori, Urbano Alipio Melo Yllatinco, Hilario Quispe Chino, Jesús Melo Quispe, Rufino Quispe Mamani, José Melo Ccolqque, Cecilio Quispe Noa, Sergio Eloy Yupanqui Yupanqui, Luis Efraín Choqque Hancco, Modesto Alipio Yupanqui Rojo, Jesús Quispe Yupanqui, Liberato Choque Hancco y Walberto Quispe Chino.
Asimismo, el Juzgado dispuso la liberación, con restricciones, de las investigadas Ángela Illatinco Quispe, Vicentina Yupanqui Illatinco, María Chino Choque, Eleuteria Martilda Yupanqui Yupanqui y Santusa Quispe Hancco.
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