Alejandro Soto sobre querella a periodistas: “Estoy dispuesto a conciliar con los medios”

Como se recuerda, el parlamentario ha sido objeto de controversias, tras acusar a la prensa de incitar ataques contra funcionarios y por denunciar a comunicadores por su labor periodística

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Expresidente del Congreso. | Congreso
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El congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), declaró recientemente que siempre existe la posibilidad de conciliación en la resolución de conflictos legales con la prensa.

Como se recuerda, el parlamentario ha sido objeto de controversias, tras acusar a la prensa de incitar ataques contra la congresista Patricia Chirinos y otras autoridades. Además, a mediados de junio, emprendió acciones legales contra el periodista Martín Hidalgo luego de que un reportaje cuestionara su vínculo con Lizbeth Peralta, madre de su hijo. En la víspera, el parlamentario negó cualquier relación sentimental ante la Comisión de Ética tras revelarse la contratación de su cuñada, Yeshira Peralta Salas.

Fue durante una entrevista con un medio internacional que Soto afirmó que todo proceso legal atraviesa por una etapa conciliadora y recordó la presunción de inocencia mientras un juez no dictamine lo contrario.

Ante ello, no descartó la posibilidad de lograr un acuerdo en las querellas presentadas contra periodistas, señalando que sus derechos personales habían sido “lesionados”, afectando tanto su vida íntima como la de su hijo menor.

- crédito composición Infobae Perú / Andina
- crédito composición Infobae Perú / Andina

“Siempre existe la posibilidad de la conciliación y en ese camino estamos”, explicó. Añadió también su disposición al diálogo con los medios de comunicación, reivindicando su respeto por la libertad de expresión.

Durante su período como presidente del Congreso, Soto aseveró que ningún medio solicitó formalmente discutir temas legislativos. Esta falta de comunicación, según él, garantizó el respeto a su vida privada y hechos anteriores.

Caso de recorte de sueldos

De otro lado, en relación con las denuncias de recortes de sueldo, el vocero de APP indicó que cada congresista es responsable de sus actos. Indicó que “el presidente del Congreso dirige las sesiones y tiene un marco normativo que regula su funcionamiento”, agregando que la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son las instancias encargadas de abordar estos temas.

Para Soto, cada instancia debe responder de manera autónoma por los actos cometidos. Puso como ejemplo el reciente caso de María Acuña, quien fue exonerada de toda responsabilidad luego de que la Ministerio Público no encontrara pruebas en su contra. Subrayó que “la presunción de inocencia cobra plena vigencia mientras un fiscal o juez no determine lo contrario”.

Consejo de la Prensa Peruana se pronunció

CPP expresa su rechazo por diversos episodios de las autoridades del Estado que atentan contra la libertad de expresión.
CPP expresa su rechazo por diversos episodios de las autoridades del Estado que atentan contra la libertad de expresión.

Alejandro Soto y el ministro del Interior Juan José Santiváñez, figuras políticas prominentes en el Perú, han sido señalados en un informe sobre la libertad de expresión publicado en julio por El Consejo de la Prensa Peruana.

Uno de los casos mencionados en el informe involucra al expresidente del Parlamento. Soto ha sido particularmente señalado por sus intentos de silenciar a la prensa. Según el informe, el congresista es “uno de los funcionarios públicos más hostiles contra la prensa”, debido a sus demandas y su falta de transparencia.

Además, el escrito mencionó otro caso relevante: uno de los periodistas también fue demandado por Soto por haber retuiteado una noticia sobre las compras de terrenos del congresista en la ciudad de Cusco.

En otro acto que se evalúa como un atentado contra la libertad de expresión, durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, se impidió el ingreso de los periodistas. En esta sesión se votaba la designación del nuevo contralor, y la exclusión de la prensa generó descontento tanto entre los profesionales de la información como en la ciudadanía.

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