El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció este miércoles que ningún representante de la Fiscalía quiso acudir a la intervención de la Policía Nacional (PNP) que logró la liberación de un empresario del rubro del reciclaje y la captura de los secuestradores en Los Olivos. “Quiero hacer una denuncia bastante grave: el fiscal no quiso venir”, expresó en una rueda de prensa después de la operación.
Relató que a las 14:30 horas, la institución policial requirió la asistencia del fiscal al informar que los agentes ya habían irrumpido en la casa y necesitaban su presencia. Sin embargo, los magistrados empezaron a rehuir la responsabilidad. “Ningún fiscal quiso venir, no quisieron. Entre ellos se empezaron a echar la responsabilidad”, dijo.
Agregó que el general Marco Conde, director de Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), tuvo que recurrir al fiscal superior para que llamara la atención al fiscal de Puente Piedra y prácticamente lo obligara a asistir. “Es más, ni siquiera ha venido él, sino su adjunta”, informó.
Santiváñez alertó que esta situación podría permitir que los delincuentes apresados sean liberados. “No nos sorprenda si mañana este señor otorga libertad a estos delincuentes que han sido apresados. Lo denuncio públicamente porque esto es una muestra más de que el Ministerio Público no está comprometido con la lucha contra la delincuencia”, dijo.
Además, exigió una explicación a la ciudadanía sobre esta falta de compromiso. “De repente tienen algún interés en que no haya ningún tipo de captura. Nos deben una explicación. Es el fiscal Díaz de Los Olivos el que no quiso venir. La banda había estado operando más de dos meses”, concluyó.
La operación permitió la detención de cinco presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Gallegos’. El ministro señaló que el empresario estaba en una vivienda de dos pisos y que sería la quinta víctima del grupo criminal. La familia había pagado un adelanto de 20 mil soles, lo que permitió a los agentes rastrear a los captores. Previamente, otras víctimas habían pagado entre 40 mil y 120 mil soles. En el lugar se encontraron armas, municiones y drogas.
Crítica previa
Previamente, Santiváñez había acusado al Ministerio Público de no apoyar a la PNP en la captura de criminales al mencionar el operativo “Amanecer Seguro” en Jesús María. En diálogo con RPP, dijo que “lamentablemente” su cartera no cuenta con apoyo de la Fiscalía. Usó como ejemplo la agresión sufrida por un agente en Yanahuara (Arequipa), donde los presuntos delincuentes, Skoolwuid Hinojosa Torrealba y José Tobar Maldonado, fueron liberados tras atacar el ataque.
El mes pasado, criticó al Poder Judicial por supuestamente demorar demasiado en aprobar una orden de allanamiento en Huancayo, donde presuntamente estaba oculto Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre. Santiváñez afirmó que la PNP estuvo lista a tiempo, aunque la decisión judicial demoró horas, lo que fue vital para la fallida captura.
En respuesta, el juez supremo Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, rechazó las críticas y recalcó que las detenciones son responsabilidad de la Policía. Tras el intercambio de declaraciones, el Ministerio del Interior emitió un comunicado para retractarse de las críticas y reconoció al Poder Judicial como “una institución digna y comprometida en la lucha contra la delincuencia”. De igual modo, puso importancia en “continuar trabajando coordinadamente”.
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