La congresista Katy Ugarte impulsa pena de hasta ocho años por delito de perjurio: ¿cómo afectaría los casos “mochasueldos”?

La congresista Katy Ugarte, miembro del Bloque Magisterial, ha presentado un proyecto de ley que busca aumentar la penalización del delito de perjurio con penas de prisión de seis a ocho años. Esta iniciativa tiene como objetivo modificar el Código Penal y podría tener repercusiones significativas en las denuncias por los casos “mochasueldos”.

Actualmente, el artículo 411 del Código Penal contempla sanciones de entre uno y cuatro años de prisión para las declaraciones falsas en el marco de un proceso administrativo. Ugarte propone elevar estas penas, argumentando que esta medida es crucial para mantener la confianza en los procesos judiciales y proteger los derechos de las partes involucradas.

De esta manera, el proyecto también añade los artículos 411-A y 411-B al Código Penal para especificar el delito de perjurio en diferentes contextos, como procesos judiciales, comisiones investigadoras del Congreso y ante autoridades que toman testimonios bajo juramento.

En sus declaraciones a la prensa, Ugarte Mamani, representante de Cusco, subrayó que su proyecto busca garantizar la veracidad en los testimonios, asegurando que cualquier persona que declare ante el sistema judicial lo haga con pruebas y bajo la verdad absoluta. Esta propuesta de ley llega en un momento crítico, ya que varios congresistas están siendo investigados y afrontan denuncias por recortes de sueldos en el Congreso, conocido como el caso “mochasueldos”. Según informa la legisladora, su iniciativa no tiene la finalidad de proteger a los parlamentarios denunciados, sino que está destinada a todos los ciudadanos peruanos.

El proyecto de ley 8596 también establece que las penas contempladas sean efectivas, con el propósito de ampliar el ámbito de acción del Poder Judicial más allá de lo administrativo. Este incremento de sanciones enviaría un mensaje claro a los trabajadores y funcionarios públicos que podrían enfrentar condenas efectivas si no logran probar sus testimonios bajo juramento.

Katy Ugarte ha defendido enfáticamente su propuesta legislativa, subrayando la importancia de que los testimonios en procedimientos judiciales y administraciones se manejan con absoluta veracidad y pruebas. La legisladora niega que la intención del proyecto sea blindar a otros congresistas investigados, y asegura que se trata de una medida integral enfocada en mejorar la justicia y transparencia en todo el sistema legal peruano.

En marzo de 2023 se dieron a conocer las primeras denuncias contra legisladores conocidos como los “mochasueldos”, un grupo de congresistas del período 2021-2026 acusados de recortar una parte significativa de los sueldos de sus trabajadores, una práctica tipificada como delito de concusión según la ley. Desde entonces, el número de denuncias creció hasta alcanzar los trece casos, el más reciente contra la congresista María Agüero de Perú Libre, como informó Correo.

El Ministerio Público y, en algunos casos, el Poder Judicial han mostrado mayor diligencia en el seguimiento de estas denuncias que las propias instancias internas del Congreso, tales como la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno. Muchas de estas instituciones han optado por sanciones leves o por archivar las denuncias. De los trece expedientes, solo el caso de la congresista María Cordero Jon Tay se encuentra actualmente en manos del Poder Judicial, como indica la citada fuente.

La bancada de Alianza para el Progreso es la que tiene más congresistas denunciados, con seis casos (cinco mujeres y un varón), seguida de Acción Popular con cuatro legisladores acusados.

El abogado penalista Andy Carrión comentó sobre una posible solidaridad corporativa en el tratamiento de los casos: “Creo que hasta el día de hoy lo que ha demostrado el Congreso de la República es un evidente espíritu de cuerpo”, aseguró. Según él, este espíritu se evidencia en que sólo los casos más escandalosos, con pruebas directas abundantes, son aquellos que, a insistencia del Ministerio Público y la prensa, pasan a una segunda etapa.