Parlamentaria andina en contra de que Comisión de Ética desaparezca, pero asegura que “es momento de que sea objetiva”

La parlamentaria andina Leslye Lazo, electa por Acción Popular, se refirió a la propuesta de que la Comisión de Ética del Congreso de la República sea eliminada ante la demora en sus investigaciones, considerando que ello brinda una mala imagen a la entidad. En diálogo con Infobae Perú, la funcionaria se mostró en contra de dicha iniciativa e indicó los motivos.

A su consideración, el grupo de trabajo está conformado por un equipo técnico especializado con muchos años de experiencia y es más bien a los congresistas a quienes se debería apuntar por sus decisiones frente a los informes elaborados. “No veo que exista el interés de un grupo especializado en dilatar un caso; por el contrario, creo que los profesionales buscar concluir en menor tiempo todos los casos acumulados que se tienen, además, los parlamentarios siempre tienen la opción de exigir que un caso camine de acuerdo al plazo reglamentario”, explicó a este medio.

En esa línea, sostuvo que “es momento de que la Comisión de Ética del Congreso sea objetiva y sanciones sin miedo a los congresistas que no hayan respetado nuestras normas internas y estén involucrados en presuntas irregularidades, creo que un grupo tan importante debe ser imparcial”.

A su juicio, este grupo legislativo debe realizar sus labores sin protagonismos y evaluar las denuncias —que lleguen de parte o se aperturen de oficio— sin miedo a la presión de alguna bancada o la presión mediática, a fin de que se logre sancionar a un investigado cuando existen medios probatorios y suficientes elementos.

“Cuando no existan elementos suficientes para una sanción, el caso debe archivarse. Creo que se debe ser justo en una decisión tan importante, ya que se ha visto casos, en periodos legislativos anteriores, donde los congresistas sancionaban por presión de la prensa, que es lo que no debe suceder ahora”, manifestó Lazo.

En otro momento, mencionó que no cree que sea conveniente que un parlamentario sancionado sea reemplazado por su accesitario, puesto que podría generar que existan muchos casos de denuncias sin sentido contra los legisladores y hasta “podría politizarse” una sanción, a fin de que se busque beneficiar a un accesitario.

“Considero que el reemplazo de un accesitario, sin duda, podría politizar las sanciones en la Comisión de Ética y eso no sería bueno para ese grupo legislativo, además, de que podría generar un exceso de denuncias sin argumentos que solo perjudicaría la imagen del Congreso de la República, que es algo importante en vista de la baja aprobación que tiene, según las encuestas”, refirió la parlamentaria andina.

El Congreso concluyó su legislatura 2023-2024 con una notable falta de sanciones efectivas a sus miembros, según investigaciones recientes. La Comisión de Ética, presidida por el congresista Diego Bazán, solo logró imponer una sanción importante: la suspensión por 120 días de la excongresista María Cordero Jon Tay, del partido fujimorista, que fue aprobada el 5 de diciembre de 2023.

A lo largo del año, esta comisión acumuló una serie de denuncias y casos contra diversos legisladores, que quedaron impunes o recibieron sanciones mínimas, incluyendo acusaciones por el uso indebido de fondos, uso de trabajadores como “troles” en redes sociales y hostigamiento sexual laboral. Según reveló el diario Correo, de los numerosos casos investigados, al menos diez de ellos se resolvieron con procedimientos indulgentes o sanciones anuladas en el pleno del Congreso.

Entre los casos más controversiales están los de Katy Ugarte y Luis Cordero Jon Tay. Ugarte fue acusada de despedir a una trabajadora embarazada, mientras que Cordero enfrentó denuncias por maltrato. Inicialmente, la comisión aprobó sanciones de 30 y 60 días de suspensión para ellos, respectivamente. No obstante, estas decisiones fueron revertidas o debilitadas en instancias posteriores.

La expectativa era que bajo la gestión de Bazán, la comisión adoptara un enfoque más riguroso y efectivo. Sin embargo, tal como lo ha señalado la investigación, esta narrativa no se concretó. Paralelamente, la percepción de que la comisión se dedica más al blindaje que a la sanción ha causado descontento entre varios sectores de la sociedad peruana.