Dos sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una agrupación católica protagonista del mayor caso de abusos de la Iglesia peruana, consideraron este miércoles que la expulsión del fundador, Luis Fernando Figari, es “el inicio del fin” y “el empuje final que necesita la Fiscalía” para enviarlo a prisión.
José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos, describió la decisión del Vaticano como una señal positiva, pero insuficiente si Figari y la cúpula de la organización no son sometidos a la justicia. “Hay muchos otros abusadores que deben seguir el mismo camino y luego ser juzgados por el Poder Judicial”, señaló en un pronunciamiento de X (antes Twitter).
Figari fundó el SVC en Perú hace 53 años y ha sido acusado por varios miembros, además de investigaciones fiscales y periodísticas, de cometer abusos físicos, psicológicos y sexuales. En julio de 2023, el Papa Francisco envió a dos investigadores especiales para seguir el caso, revelado en 2015 por los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz en su libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’.
La misión estuvo a cargo del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos integrantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y expertos en delitos de abusos. En abril pasado, el pontífice aceptó la renuncia del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, tras acusaciones de abusos y otras irregularidades.
Escardó, sin embargo, abogó por acciones legales más amplias: “El reconocimiento por parte del Vaticano de los delitos de Figari debe ser el empuje final que necesita la Fiscalía para denunciar de una vez a los abusadores y meterlos a la cárcel. También para ordenar una reparación integral y digna para las víctimas y sobrevivientes. El Estado debe implementar políticas eficientes de acceso a la justicia, evitando la revictimización y la estigmatización”, apuntó.
También planteó varias interrogantes sobre el decreto de expulsión y criticó la falta de claridad en las razones del Vaticano. “¿Dónde va a vivir si ya no es miembro de la secta? ¿Quién pagará sus gastos? Pregunta retórica, obviamente la respuesta es el Sodalicio, ¿mantendrá la orden de que Figari no salga de Roma y no hable con medios?”, cuestionó.
“No hay una (razón) explícita y, según los artículos citados del Código de Derecho Canónico, no es explícito que sea por casos de violencia sexual”, siguió. Escardó destacó la indiferencia de la Iglesia hacia las víctimas y sobrevivientes, al lanzar una crítica directa al Papa Francisco: “Otra vez, una movida de Bergoglio, el ‘Papa del Marketing’, para hacer creer que la Iglesia Católica hace algo y callar a los que le creen”, concluyó.
Pedro Salinas, también sobreviviente del Sodalicio, consideró esta expulsión como la primera de una serie de noticias. “Si el trabajo de la investigación de la misión se queda en esto, vamos a asumir que se trata de una burla. No podemos asumir que actuó solo, que no tuvo cómplices. Todavía falta que caiga la guardia pretoriana de Figari”, dijo. El periodista mencionó a los sacerdotes Jaime Bertel, José Antonio Eguren y Juan Carlos Len, así como “toda la generación fundacional” que actuó como “cómplices y aplacadores de la cultura de abuso de poder, de la cultura sectaria y mafiosa”.
Enfatizó la importancia de esta resolución, aunque no debe ser la única: “Es una buena noticia, importante y positiva. Antes de la misión, lo que había existido fue una pantomima de la Iglesia, de la justicia peruana y del Congreso. Aunque la comisión que presidió el excongresista Alberto de Belaúnde hizo un trabajo eficaz, el fujimorismo encarpeta esa denuncia que sigue ahí con testimonios impactantes”, dijo.
La periodista Paola Ugaz, quien enfrentó una persecución fiscal a raíz de su investigación, también se pronunció sobre el tema: “Vienen muy malas noticias para el Sodalicio, que ahora sí tiene que ver a los ojos a todos los sobrevivientes y decirles qué cosas tienen para repararlos. La justicia y las víctimas no tienen que ver con plata, sino con la disolución de esta organización tóxica y nefasta para la Iglesia Católica”, indicó.
Además, criticó a la Conferencia Episcopal Peruana por “no haber hecho nada” por las víctimas, aunque destacó solo tres excepciones: “El arzobispo de Lima, Carlos Castillo; el cardenal Pedro Barreto; y el arzobispo de Caravelí, Reinaldo Nann. Ellos simbolizan la diferencia de una Conferencia que fue sorda, ciega y muda”, añadió.
En enero de 2018, el Vaticano anunció la intervención del Sodalicio un mes después de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva para varios miembros y exmiembros de la organización, incluido Figari. Un informe interno identificó a su fundador, Germán Doig (fallecido), Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels como agresores, y reveló que al menos 36 personas, incluidas 19 menores, fueron víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2002. Sin embargo, la Fiscalía archivó las denuncias debido a que habían prescrito.
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