![Cancillería asegura que el Perú seguirá cumpliendo con las recomendaciones de la CIDH - crédito Cancillería de Perú](https://www.infobae.com/new-resizer/96_LvqLG4mUJwfFqPHabK-uwcio=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BFD564LY2RBFXPNDILCWOEYTUE.jpg 420w)
El Relator País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana, llegó al Perú para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la entidad internacional en el 2023.
Como se recuerda, la CIDH mencionó en su informe del año pasado que se habían cometido graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en Ayacucho, por lo que instaban a investigar con diligencia lo sucedido y con un enfoque étnico-racial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores le dio la bienvenida al relato, y a su delegación, por medio de un pronunciamiento en redes sociales.
![El relator asignado a Perú seguirá manteniendo reuniones con representantes del Estado - crédito Cancillería](https://www.infobae.com/new-resizer/sZN_xlluh_jbEFSy3bpTYmDoqoU=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WRF4GWWYDNA65KI7PJCMIK3KPQ.jpg 420w)
Según la Cancillería, Ralón Orellana llegó al país luego de ser invitado por el Gobierno de Dina Boluarte. La primera reunión con el representante se dio en Cancillería, donde participaron el titular de la cartera, Javier González-Olaechea, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Las autoridades ratificaron la adhesión del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el compromiso de “continuar dando cumplimiento y continuar con la implementación de las citadas recomendaciones”.
El comisionado sostendrá reuniones con funcionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de órganos autónomos, como el Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo, entre otros.
¿Qué dice el informe del 2023?
En el informe de la Comisión del año pasado, se menciona que las “graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas”, además de ser juzgadas por magistrados “independientes, competentes e imparciales”.
La CIDH también condenó el fallecimiento de manifestantes en Juliaca, Puno, por lo que al igual que en Ayacucho, instó a una investigación con enfoque étnico-racial.
![Familiares sostienen fotografías de sus seres queridos que murieron en las protestas del año pasado durante una manifestación para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en Juliaca, Perú, el martes 9 de enero de 2024. La manifestación se da en el primer aniversario de esos disturbios mortales que se produjeron en el país tras la destitución y el arresto del presidente Pedro Castillo luego que intentó disolver el Congreso para evitar un juicio político. (Foto AP/Aldair Mejía)](https://www.infobae.com/new-resizer/HNdMOvU7oRuyHAWSHV2or7eEyjg=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VPO5D4PEI2I66QMHZ67MWJD5PM.jpg 420w)
Entre sus recomendaciones, indican que se debe adoptar medidas para “asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y, especialmente, el de proporcionalidad”.
Asimismo, dispusieron que se repare de forma integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones.
En otro apartado, se dictaminó que el Estado se abstenga de “realizar declaraciones que estigmaticen o inciten la violencia contra las personas que participan de las protestas”.
Candidata a la CIDH
La abogada chilena Lidia Casas, excandidata para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que su encuentro en abril de 2023 con el entonces embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y actual premier, Gustavo Adrianzén, fue la reunión más “difícil” que tuvo durante sus entrevistas en varios países.
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En entrevista con Epicentro, la cita del 12 de abril, con sede en Washington, estuvo marcada por discusiones sobre juicios a fuerzas policiales y agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos, además de la implementación de la educación sexual integral (ESI).
De acuerdo con Casas, Adrianzén expresó serias preocupaciones respecto a las intervenciones del Estado en temas de educación sexual integral.
“Creo que fue la más difícil que haya tenido en la región, habiendo diferencias con países como El Salvador y Guatemala. Con Perú fue distinto y por eso fue muy llamativo”, dijo la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
En la entrevista, la ex candidata también explicó que en algunos países del Caribe no se observa un discurso tan fuerte de exclusión hacia la diversidad, comparándolos con Perú, donde más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. Resaltó que “negarle a otro la igual condición e igual valor solo porque tiene una orientación sexual distinta es una ideología”.