El Ministerio Público rechazó este lunes la ley sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad promulgada por el Congreso y anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se disponga su derogatoria.
En un comunicado difundido en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la Fiscalía indicó que la norma “atenta contra la defensa de los derechos humanos al contraponerse a los estándares internacionales reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y otros tratados que el Perú ha ratificado”.
Asimismo, señaló que la ley “vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados”, al impedir que ejerzan “su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que tiene a su cargo por hechos de especial gravedad”.
Además, “frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, perjudica el trabajo ante las instancias judiciales especializadas y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes” en casos de “especial gravedad” como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, entre otros (que están en investigación preliminar).
El “impacto negativo” de la norma, según el pronunciamiento, también alcanza a procesos como “Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias, Tabalosos, Chuschihuico, entre otros (que están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal); los casos Chuschi, Huanta 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Sobres Bomba, Accomarca, Hilario Trucios, Cantuta-Pativilca, José Navarrete Cabrera, Umasi Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros (en etapa de juicio oral); y, finalmente, los casos con sentencia como Chumbivilcas, Chuschi I, MMMB, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López Rimachi y otros, Leonor La Rosa Bustamante, entre otros”.
En líneas posteriores, el Ministerio Público manifestó su preocupación respecto a un artículo de la ley que “habilita la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Control ejerza un control disciplinario de las decisiones que adopten en el marco de las investigaciones y procesos judiciales en los que intervienen”.
La norma, promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, impide que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país. El Parlamento la promulgó sin que sea observada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, dijo que la promulgación no pretende afectar los derechos de las víctimas y subrayó que el Estado peruano ha hecho una reserva en relación con estas disposiciones a partir de 2003 en adelante, lo que incluye la vigencia del Estatuto de Roma desde 2002.
“No creemos que, con esta ley de lesa humanidad y crímenes de guerra, se esté pretendiendo afectar los derechos de las víctimas”, dado que “todos los involucrados están siendo procesados”, y además le corresponde al Estado verificar el cumplimiento de los alcances de esas sentencias y procesos, declaró.
El premier también comentó que la comunicación recibida por Boluarte de la Corte IDH le provocó al Ejecutivo “un profundo malestar”, porque se considera que ningún organismo internacional puede darle órdenes al Gobierno para que actúe de una determinada manera. “Entendemos que no hay ningún mandato que cumplir y todos los estamos cumpliendo” para llevar los casos judiciales a su resolución, indicó.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha destacado que la norma suspende el juicio contra el exdictador Alberto Fujimori y las investigaciones de violaciones de derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas de indígenas en las décadas de 1980 y 1990, lo cual afecta a unas 350,000 mujeres. Türk insistió en que “sin rendición de cuentas no hay verdad, justicia ni reparación”.
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