La justicia indígena avanza, aunque a un ritmo lento. El último viernes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva al empresario maderero Segundo Villalobos Guevara, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del apu Quinto Inuma.
No obstante, esta decisión es provisional. La defensa del acusado presentó una apelación, y la medida será revisada en una segunda instancia, donde se espera que se confirme la medida coercitiva. En tanto, la Fiscalía ha alegado que Villalobos Guevara habría pagado S/1000 para que se perpetrara el asesinato del líder kichwa de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín.
En el mismo caso, los presuntos ejecutores, Limber Ríos Ruiz y los hermanos Genix y Jerrly Saboya Saboya, ya están en prisión preventiva. Sin embargo, aún se busca al acusado Belustiano Saboya Pisco, quien está señalado como uno de los responsables directos del crimen contra Inuma y del intento de asesinato de una de sus familiares.
Como se recuerda, Inuma, reconocido defensor ambiental y de derechos humanos, dedicó su vida a la lucha incansable por la justicia y la protección de su territorio contra la tala ilegal. Sin embargo, aunque contaba con medidas de protección del Ministerio de Justicia para defensores, estas no pudieron evitar su trágica muerte en noviembre de 2023.
Ahora, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, el pueblo indígena Kichwa y la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam) exigen al Estado un proceso judicial rápido y sin demoras, para que se haga justicia de manera efectiva y evite que este acto de violencia quede impune.
Acusado presentó pruebas débiles en audiencia
Antes que se diera a conocer la decisión del Poder Judicial, Infobae Perú entrevistó al abogado Juan José Quispe, encargado de la defensa de Inuma, para conocer los detalles sobre la primera audiencia en la que se solicitó la prisión preventiva contra Segundo Villalobos Guevara. Esta tuvo lugar el miércoles 7 de agosto en el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Penal Nacional, después que el principal sospechoso cumpliera siete días de detención preliminar, desde el 30 de julio.
De acuerdo con Quispe, Villalobos argumentó que no representaba un peligro de fuga ni de obstrucción, entregando pruebas de su arraigo laboral y familiar. Pero estas no fueron suficientes, ya que se demostró que no tenía un domicilio fijo ni un Registro Único de Contribuyentes (RUC), lo que debilitó la percepción de su arraigo.
Asimismo, Villalobos negó cualquier vínculo con Inuma y los otros implicados, rechazando las acusaciones de amenazas y de participación en la muerte del defensor indígena. Sin embargo, uno de los involucrados afirmó que Villalobos sí estuvo presente en discusiones sobre la muerte del líder, lo que contradijo la versión de la defensa.
“Las pruebas que ha presentado el señor Villalobos para acreditar su arraigo laboral, familiar y domiciliario debemos entender que han sido demasiado débiles. Uno de los hermanos Saboya declaró de manera muy clara y precisa en la pregunta nueve de su declaración que ellos fueron a hablar con este señor [Segundo Villalobos Guevara]. Esta persona, Saboya, dijo que le habían ofrecido mil soles; o sea, textualmente, eso ya está. Ahora lo han puesto por sicariato y la pena llegaría a cadena perpetua [contra Segundo Villalobos Guevara]”, detalló Quispe a este medio.
Familiares de Inuma aún no están tranquilos
Por otro lado, el abogado subraya que los familiares de Inuma y su comunidad siguen profundamente preocupados por la falta de protección efectiva y continua por parte de las autoridades. Esto debido a que, a pesar de que el Ministerio de Justicia les otorgó las medidas de protección que solicitaron, estas no se han implementado adecuadamente.
Además, la comunidad se siente angustiada por el temor a la impunidad y la escasa visibilidad del proceso judicial, teniendo en cuenta su relevancia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Las medidas de protección que se les otorgaron no están viabilizadas; al menos, ellos no tienen una protección permanente por parte de la policía. Se les está dando protección policial solo por Internet o por teléfono, cuando ese no es el propósito de una garantía que se ha solicitado y aceptado. La familia está muy ansiosa”, detalló Quispe a Infobae Perú.
También, el abogado de la familia Inuma señala que el proceso legal tampoco ha sido transparente en su totalidad, ya que las audiencias relacionadas con el caso no se transmitieron por el canal Justicia TV y se llevaron a cabo en horarios poco comunes, como a partir de las 10:00 p.m., destaca Quispe. Por último, critica que el juez haya limitado la participación de las partes involucradas, lo que considera una violación de la transparencia y de los derechos de la defensa
“La audiencia no se transmitió por Justicia TV; hay una falta de transparencia, es decir, pública. No hemos dejado de protestar por estas dos cosas: la falta de publicidad y la postura del magistrado de no permitir que la defensa pueda participar o expresar sus argumentos. No permitió que tanto el actor civil como la parte agraviada en este caso, que defendemos a los familiares y a la otra parte afectada, la vocal de la Junta Directiva de la comunidad, pudieran intervenir”, concluyó Quispe.
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