Luego de haber finalizado la etapa de presentación de alegatos de apertura, los más de 40 investigados por el Caso Cócteles respondieron ante la jueza del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior, Juana Caballero, si se declaran culpables o inocentes de los delitos que se les imputa por parte del Ministerio Público.
Este es precisamente el motivo por el que la jueza Caballero consideró que para esta sesión “es importante que estén todos los acusados presentes”. Sin embargo, a último momento, pasaron a una audiencia virtual. El juicio oral, que empezó el 1 de julio de este año, es el inicio formal de un proceso que inició con una investigación iniciada en el año 2024 y que se formalizó cinco años después, en el año 2019.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, junto con otros 40 acusados en el caso Cócteles, rechazaron tanto los cargos de lavado de activos y otros delitos formulados por el Ministerio Público como el pedido de reparación civil a favor del Estado.
“El colegiado procedió a consultarles si es que aceptaban o rechazaban los cargos. En el caso de la señora Keiko Fujimori, ella rechazó de manera contundente los cargos presentados por la Fiscalía y también ha rechazado la pretensión civil que ha sustentado la Procuraduría Pública del Estado”, comentó Giulliana Loza, abogada de la excandidata presidencial, a RPP, y que, al ser consultada si va a declarar, se ha reservado la posibilidad de declarar en cualquier momento del desarrollo del juicio oral o al finalizar la actividad probatoria.
Durante la audiencia de hoy, los otros imputados también optaron por reservarse el derecho de declarar en el juicio oral, según informó el Poder Judicial en sus redes sociales.
Luego de algunos problemas técnicos para ser transmitida, finalmente la audiencia fue suspendida por la jueza Juana Mercedes Caballero, quien anunció que la misma continuaría este martes 13 desde las 9 de la mañana.
La magistrada informó que en la audiencia de mañana se retomará el proceso con la intervención de dos acusadas que requieren un traductor de inglés. Estas acusadas deberán manifestar si se declaran inocentes o culpables, y si optarán por declarar en el juicio.
Posteriormente, se procederá a la presentación de nuevas pruebas, comenzando con las evidencias ofrecidas por la Fiscalía y continuando con las pruebas y testigos que presentarán los abogados defensores de los acusados, incluyendo a Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Se supo que pedirán una declaración testimonial de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.
Luego de resolver los problemas técnicos, la audiencia fue finalmente transmitida una hora después que declararan Keiko Fujimori y su abogada, sin saber si se declaró culpable o inocente. De acuerdo con la tesis fiscal, la excandidata presidencial y líder de Fuerza Popular, sabía del manejo de fondos ilícitos para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, los que no eran declarados a la ONPE.
Fuentes del Poder Judicial indican que la audiencia no será transmitida por el medio ‘Justicia TV’ debido a “problemas de sistema interno”. Con esto, el único juicio que será transmitido es el correspondiente al expresidente Alejandro Toledo.
La sesión en la que Keiko Fujimori debería declararse culpable o inocente de los cargos por los que se le acusa se desarrolla de forma virtual y sin acceso a medios de comunicación.
En el caso de la hija del exdictador, Alberto Fujimori, la Fiscalía la acusa de ser la líder de una organización criminal, una acusación que alcanza también al partido político que también lidera: Fuerza Popular.
Además, la tres veces candidata presidencial también es acusada de los presuntos delitos de lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Según la tesis de la fiscalía, Keiko Fujimori “orientaba, coordinaba y disponía para la captación de fuentes ilícitas”, con la intención de contar con ingresos para sus campañas por medio de aportes no registrados en la ONPE.
Según el fiscal José Domingo Pérez, “a Keiko Fujimori Higuchi también se le imputa en calidad de autoría inmediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados del poder. Líder de una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, miembro conjuntamente con la cúpula, orienta, coordina, dispone u ordena la ejecución de actos de transferencia de 16 millones 706 010.44 a través de pagos de campañas de elecciones 2011; dinero mezclado que luego se ve reflejado en las cuentas de rendiciones del partido [...] el objetivo era ocultar la identificación del origen”.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios ha pedido que los acusados Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona cumplan penas de prisión de 30 años y 10 meses.
Las penas se sustentan en una serie de alegatos que serán presentados durante el juicio oral, que podría tener una duración de al menos dos años. Durante este tiempo, los abogados defensores de los acusados, además de la Fiscalía, tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El fiscal ha solicitado que otros acusados, en el mismo caso, enfrenten penas privativas de la libertad entre los seis y los 22 años de prisión efectiva. Estas dependen de la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por los imputados, además de su implicancia en los hechos.
En un intento por evitar ser juzgada por los delitos por los que fue acusada por la Fiscalía, Keiko Fujimori presentó un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), que podría disponer la nulidad del juicio y el archivo del proceso penal.
El recurso fue presentado al Tribunal Constitucional por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza. Según La República, esta estrategia busca anular una resolución previa que declaró improcedente un habeas corpus a favor de su defendida.
El habeas corpus presentado por Loza busca la nulidad de tres resoluciones emitidas por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Estas resoluciones incluyen el auto de enjuiciamiento y decisiones que rechazaron la solicitud de archivo de los cargos por lavado de activos y organización criminal
La defensa sostiene que dichos hechos no constituyen actos ilícitos bajo la normativa vigente en el momento que ocurrieron, señalando que el financiamiento ilegal de partidos políticos fue tipificado como delito recién en 2019.