Eduardo Salhuana anuncia investigación sobre “atentado” del Congreso contra histórico edificio del Centro de Lima

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), comunicó este lunes que ha dispuesto una investigación sobre un acuerdo adoptado durante la gestión de su predecesor, Alejandro Soto, que permitió la intervención en el Hospicio Ruiz Dávila, una de las sedes legislativas y un monumento declarado patrimonio cultural de la Nación qué actualmente está en riesgo por estos trabajos, según un informe de Cuarto Poder.

“Estamos atentos a la prensa nacional y ya hemos dispuesto, en horas de la mañana, que se me envíe toda la documentación al respecto y que se realicen todas las indagaciones correspondientes para informar a la opinión pública”, declaró Salhuana en una rueda de prensa.

El parlamentario indicó que en la indagación colaborará el Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de Lima para corroborar si la construcción estaba prohibida. “Si es así, la situación ya es preocupante. Vamos a recibir la información y sobre esa base tomaremos una decisión”, apuntó.

Previamente, en diálogo con Canal N, Soto (Alianza para el Progreso) había negado tener alguna responsabilidad en los hechos, a pesar de su cargo, y señalado que se trata de un asunto administrativo. El legislador indicó que las obras se realizaron en coordinación con por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) y el Ministerio de Cultura, y que no hubo observaciones de estas instituciones.

Una autorización emitida a finales del año pasado dispuso la contratación del servicio de impermeabilización del techo del centro de acogida, adjudicado al Consorcio Santos, empresa cuyos antecedentes y domicilio legal han generado dudas sobre la transparencia del proceso. Aunque el Congreso afirmó que se utilizó aluminio, los términos del contrato especifican acero galvanizado, según el reportaje.

Durante los trabajos, que comenzaron en abril, la Municipalidad de Lima solicitó al Parlamento desistir del proyecto debido a normas edilicias, pero este continuó al ampararse en una ley que le otorga amplias facultades sobre el patrimonio cultural. La falta de transparencia en la adjudicación del contrato es alarmante, ya que no aparece en el portal de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo que impide conocer el costo real y detalles del proceso.

Para el arquitecto Jorge Antonio Orrego, presidente de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos del Perú, “se ha atropellado a este monumento, a un trabajo premiado y reconocido” y, sobre todo, a la ciudadanía. Por su parte, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) denunció que se trata de un “atentado contra el patrimonio cultural”.